Alberto Witvrun.- Transcurridos cinco días del multi homicidio de Azoyatla, Mineral de la Reforma
autoridades judiciales justifican el actuar de la jueza Janet Montiel Mendoza y querían
recargar la decisión de dejar en libertad al presunto culpable al Ministerio Público, pero
nadie esperaba la reacción del responsable de la Procuraduría General de Justicia que
asegura que el defensor de la víctima actuó correctamente y asegura se puede probar
porque todo está videograbado.
La reacción oficial con la inmediata Mesa para la Paz Social y el Bienestar fue suficiente
para cambiar la percepción de la opinión pública, conforme se conocen la serie agresiones
y abusos que sufrió Rosaura que se pudieron evitar lo mismo que su muerte y la de sus
tres familiares con el actuar correcto de las autoridades, que deben reconocer la
necesidad de revisar los procesos judiciales.
Aceptar que los protocolos en casos de violencia contra la mujer o intrafamiliar deben ser
tratados con profundidad, si se considera que en el último año se registraron casi 6 mil
denuncias y que siempre hay riesgo, desemboquen en tragedia, porque como en el caso
de Rosaura, antes de ser asesinada fue violentada, acosada y privada de su libertad.
Pero no sólo se deben revisar los procesos judiciales, calificar el caso de “hecho aislado”
como lo hizo el presidente municipal es irresponsable e insensible como argumentar que
ya no era activo de la Policía Municipal, muestra que fallaron sus exámenes de confianza,
si es que los aplicaron y se debe explicar porque portaba uniforme y se le vio en patrulla
oficial.
Nada alivia el dolor de la familia y la indignación social, menos cuando hubo
desinformación oficial, por todo esto se requiere el reconocimiento de las autoridades que
dejaron en libertad a quien terminó como multi homicida y el castigo conforme a Derecho
que tendrá que resolver un juzgador no basta.
Tampoco la narrativa oficial de lucha contra violencia a la mujer, ni crear policías violetas o
pronunciamientos de que habrá justicia, porque no empezar por un análisis profundo del
actuar de la jueza que desde hace varios años ha estado en el ojo del huracán con sus
polémicas decisiones y hacer talleres de capacitación y actualización no solo obras de
teatro en el Poder Judicial.
Y revisar la efectividad de las campañas y acciones preventivas y procesos para
verdaderamente reducir agresiones y cualquier manifestación de violencia además de
evitar la revictimización de quien ya ni siquiera puede defenderse.
