Alberto Witvrun.- A un año de la absolución de Fernando R. M. a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) trató de fabricar como culpable del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, este caso se ha convertido en un claro ejemplo de impunidad al que el encargado del Ministerio Público Santiago Nieto Castillo, le ha dado la vuelta y aunque existe la obligación legal de mantener abierto el caso y seguir otras líneas de investigación la carpeta esta encarpetada. En el juicio en contra de Fernando R. M. se cometieron violaciones al debido proceso desde el momento del cateo a dos domicilios y su detención que llevó al juez a absolverlo y las pruebas por infantiles fueron descalificadas por la defensa hasta lograr la absolución y libertad definitiva del acusado que perdió 25 meses de su vida internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso). El Ministerio Público insistió a pesar de las irregularidades y en agosto de 2022 en apelar la sentencia, opción judicial a la que ya no acudió la familia de Sosa Cravioto, con lo cual Fernando R. M. quedó libre y su vida volvió a la normalidad, relativamente porque meses después su padre que lucho con todo para demostrar su inocencia, falleció al afectarse su salud en este proceso. La absolución de Fernando R. M. en el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto hijo del jefe del grupo que controla desde 1982 a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) sucedida en el 23 de febrero de 2019 en las inmediaciones de Santa Ana Hueytlalpan, Acaxochitlán, legalmente es caso abierto porque la PGJEH debe continuar las investigaciones para esclarecerlo. No se sabe si se tomó otra línea de investigación para dar con el homicida, ya que, a partir de la sentencia, la autoridad tiene ocho años, para tomar otras líneas de investigación que conduzcan a dar claridad a este crimen, que no debe quedar impune como ninguno al decidir la familia de la víctima no apelar la sentencia. Fernando R. M. quien siempre sostuvo que pretendieron “fabricarlo como culpable” tampoco inició una demanda contra las autoridades que llegaron a ofrecer como prueba un retrato hablado nada cercano a su fisonomía porque prefirió retomar su vida tras 25 meses de estar preso por un delito que se comprobó que no cometió, aunque todavía lo puede hacer. Así el Caso Sosa Cravioto no está cerrado, después de la absolución definitiva de Fernando R. M. y la PGJEH tiene la obligación legal y moral de retomar las investigaciones por el principio elemental de que no haya impunidad y porque la familia del joven profesionista merece una respuesta para probar que en Hidalgo la impunidad se combate.
