Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- Un total de 17 de 21 integrantes del ayuntamiento, así como un número indeterminado de funcionarios de la alcaldía de Tula fueron retenidos, por espacio de 3 horas, por vecinos de la Unidad Habitacional Pemex (UHP), quienes protestaban porque la Asamblea no autorizó, por mayoría calificada, que se les reintegrara un recurso de 3 mil pesos que pagaron en 2022 por concepto de una toma domiciliaria y contrato de agua potable por parte del organismo operador del vital líquido local.
La acción coercitiva de los pobladores sobrevino después de que no fuera aprobada la tercera modificación del Presupuesto de Egresos (PE) del ejercicio 2024, que era necesario para legalizar el reembolso de los fondos en cuestión, los cuales hacen un monto total de un millón 657 mil pesos.
La adecuación del PE obtuvo 14 votos a favor y cuatro en contra, por lo que no se obtuvieron las dos terceras partes necesarias para la autorización calificada.
El argumento de Yanick Corona Romero, síndica hacendaria, Alicia Colín Alarcón, regidora, y los munícipes Joaquín Alfaro Doniz y Martín López Yáñez, quienes votaron en contra, fue que no se hicieron los procedimientos administrativos correctos para tal efecto, además, no se contempló a la comisión de Hacienda que, en todo caso, debería haber dictaminado el asunto.
El alcalde Mario Guzmán Badillo, en tanto, dijo que la medida se había pasado para votación porque ya tiene 2 años que los ciudadanos están en espera del contrato y la toma domiciliaria correspondiente con el organismo operador del vital líquido local y, sin embargo, por un procedimiento que se hizo mal, no se les ha podido cumplir.
Dejó claro que el municipio reconoce que los recursos (3 mil pesos pagados a Tesorería durante el gobierno del exalcalde Manuel H.B.) fueron dados al municipio mediante una cuenta especial que se abrió para tal efecto: “al menos, eso han arrojado las investigaciones… eso sí, lo que no sabemos es dónde quedó ese dinero o quién se lo llevó”.
Calificó la votación en contra como un acto de sabotaje, porque los cuatro sufragios no favorables son de personas que perfectamente saben cómo se dieron las cosas y se oponen a darle salida a un tema que solo es cuestión de voluntad política.
Tales argumentos y otros aspectos que se agregaron, como el presunto desconocimiento del tema por parte de los asambleístas que votaron en contra, generaron el descontento de los residentes, quienes determinaron retener a los integrantes del ayuntamiento y funcionarios que laboran en el Palacio de Gobierno hasta que no se autorizara la devolución del recurso.
Los quejosos advirtieron que si no obtenían una respuesta positiva antes de 24 horas entonces procederían con el bloqueo de calles, agregando que demandarán a los cuatro munícipes que no favorecieron el reintegro de recursos: Yanick Corona, Alicia Colín, Joaquín Alfaro y Martín López, quienes les están violando sus derechos humanos.
No obstante, luego de tres horas, los miembros del ayuntamiento y funcionarios públicos fueron liberados tras acordar realizar una mesa de trabajo para tratar el tema, el próximo miércoles, a las 11 horas. Se ignora si para este martes los ciudadanos procederán con el cerco de calles.
Los 3 mil pesos requeridos por el exalcalde Manuel H.B. a los habitantes de la colonia Pemex en 2022, fueron cobrados por la Tesorería municipal, aunque esta no estaba facultada para hacer dicho cobro, lo correcto hubiera sido que el pago se hiciera a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula (CAPyAT), para que esta dependencia les otorgara el contrato correspondiente y les instalara la toma domiciliaria y que sea el municipio quien les otorgue el suministro del vital líquido.
Hace cuatro años, la refinería Miguel Hidalgo dejó de dotar agua a la colonia Pemex, tal y como lo había hecho desde 1975, a consecuencia de la insuficiencia para cubrir su abasto para la población y para el uso industrial, por lo que el exalcalde Manuel H.B., hoy preso por peculado, prometió la municipalización de la red hidráulica del asentamiento, la cual no se puede concretar porque no hay contratos ni tomas domiciliarias para tal efecto.
Tanto los contratos como las tomas se pagaron en 2022, pero el recurso de 3 mil pesos no entró a la Capyat, sino a Tesorería municipal a través de una cuenta especial aperturada para tal efecto.
En suma, se juntó un millón 650 mil pesos que nadie sabe dónde quedaron o quién se los llevó.