Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende.- En una comparecencia ante integrantes de la asamblea municipal, el coordinador jurídico de la alcaldía de Tula, Fernando Larios Sánchez, informó que en los casi siete meses que el ayuntamiento careció de la figura de la sindicatura jurídica se resolvieron siete de nueve juicios laborales por parte de expolicías municipales, lo que representó un ahorro para las arcas de 3 millones 256 mil pesos.
El funcionario local detalló que debido al correcto accionar de su área y del personal de la sindicatura, que siempre permaneció trabajando, se logró evitar que el municipio pagara 11 millones por el despido “injustificado” de los exagentes, y únicamente se solventaron 7 millones 774 mil pesos.
Cabe recordar que los demandantes fueron separados de su cargo a finales de 2021 por no contar con sus solicitudes de control de confianza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), y que respondieron en 2022 con una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo.
Fernando Larios indicó que los casos se encontraron ya en etapa de ejecución y con actualizaciones constantes (principalmente por salarios caídos), y resolverlos lo más pronto posible fue lo mejor. “Se realizaron las consignaciones judiciales que permitieron cerrar la mayoría de los casos”.
Dijo que solo dos continúan pendientes por incidentes relacionados con el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido.
Por otro lado, señaló que también se celebraron convenios de terminación anticipada de relaciones laborales, evitando litigios prolongados y únicamente con un gasto total no mayor a 195 mil pesos por caso.
Pese a que se emitió un informe al ayuntamiento, no se detallaron los procesos seguidos ni se aclaró la legalidad de las acciones ejercidas, ya que legalmente la coordinación jurídica no tiene la personalidad para sustituir las funciones de la sindicatura jurídica.