Jesús Castillo.- El Partido del Trabajo (PT) acusó a instituciones de justicia de Hidalgo de operar una venganza política y violar sistemáticamente el debido proceso en el caso del exdiputado local Édgar Hernández Dañu.
La bancada petista señaló existe colusión entre la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) y el Poder Judicial para prolongar indebidamente la detención mediante maniobras dilatorias, señalando a la magistrada María Brasilia Escalante Richards de fabricar vacíos legales para forzar el reingreso de Edgar H. D. al centro penitenciario.
La controversia escaló al plano federal, luego de que el PT expusiera un presunto desacato a una suspensión definitiva de amparo; según los legisladores, la Justicia Federal validó su postura el pasado 14 de abril al declarar fundada la queja 434/2025, la cual acredita la vulneración de las garantías procesales de Hernández Dañu.
En este sentido, el partido calificó como un «albazo» las acciones del Ministerio Público y la Sala Penal del pasado 8 de abril, acusándolos de simular documentos para obtener ventajas judiciales antes de que la defensa pudiera reaccionar legalmente.
Finalmente, el PT sostuvo que la Sala Penal ha perdido su autonomía para funcionar como una «extensión» de la Procuraduría, rompiendo con cualquier principio de equidad y justicia.
Ante este escenario, el partido exigió al Consejo de la Judicatura de Hidalgo la suspensión inmediata de la magistrada Escalante Richards por su presunta conspiración para evadir resoluciones federales.
La defensa insistió en que el uso del aparato estatal para la persecución política representa una práctica inadmisible que debe derivar en sanciones administrativas y penales para los responsables.