Oliver García.- Durante un conversatorio organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Araceli Burguete Cal y Mayor, académica del CIESAS, planteó la necesidad de una consulta en el país y lineamientos en la ley electoral nacional para evitar que candidatos no indígenas usurpen esas postulaciones.
Las acciones afirmativas deben transitar a un reconocimiento legal, además de que los criterios tendrían que ser culturalmente pertinentes de acuerdo con cada distrito, expresó.
En Baja California, una diputada aspiraba a la reelección y para acreditar su autoadscripción presentó un documento firmado por dos personas de una comunidad, no obstante, el resto de habitantes no la respaldaron e impugnaron el documento, con lo que perdió la postulación horas antes de la elección, señaló Martha López Santiago, encargada del despacho de Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas en Chiapas.
Otro caso que ocurrió en San Luis Potosí, donde acreditó su autoadscripción calificada mediante una constancia expedida por el comisariado ejidal. Después de un juicio, acreditó que hablaba y escribía en una lengua indígena y había llevado a cabo actividades en la localidad.
Juan Gabriel Méndez López, abogado comunitario en Chiapas, se pronunció para que las autoridades de los pueblos avalen el vínculo de los aspirantes a un cargo de elección popular con su localidad, no una institución.
Los ponentes coincidieron en que el reto es que los cargos a elegir sean ocupados por personas verdaderamente indígenas para dejar atrás la usurpación y subrayaron que los partidos políticos deben dejar de ser la vía de postulación de personas indígenas.