Por Rogelio Hernández López
Una de las varias suspicacias que nació en 1989 fue que Ignacio Morales Lechuga, había negociado con
José Antonio Zorrilla Pérez que se entregara a cambio de respetarle sus bienes. Esa pregunta que guardó
este reportero le fue respondida 32 años después (el 10 de octubre de 2022) verbal y voluntariamente, por
el ex procurador del Distrito Federal, pero no publicó nada de lo dicho por falta de documentos.
Empero, esa sospecha fue diluida hace unos días por la revista Proceso con otro trabajo de sus estándares
originales de calidad periodística. El 21 de septiembre de 2023 difundió una acuciosa indagación de Diana
Lastiri en documentos oficiales del Centro Nacional de Inteligencia indicativos de que el ex procurador
del Distrito Federal remitió un informe a la Procuraduría General de la Republica con pruebas de que
Zorrilla Pérez había amasado “una fortuna de miles de millones de pesos, entre casas y terrenos, cuentas
bancarias e inversiones por todo México, Estados Unidos, Canadá y Alemania”.
La duda
José Antonio Zorrilla Pérez, quien fuera el último y más poderoso jefe de la Dirección Federal de
Seguridad se entregó al entonces procurador capitalino Ignacio Morales Lechuga el 14 de junio de 1989
en Paseo de la Reforma 2570, casa 79.
Eran seis acusaciones que documentó el fiscal especial Miguel Ángel García Domínguez en contra de
Zorrilla: autoría intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía Tellezgirón ocurrido en 1984;
autoría intelectual del homicidio del policía investigador José Luis Esqueda Sánchez; acopio de armas y
cartuchos reservados para uso de las fuerzas armadas; enriquecimiento ilícito; delitos contra la
administración de justicia, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio; actividades contras la salud
por narcotráfico.
Meses después, una crónica de las investigaciones del Caso Buendía y el papel de Zorrilla Pérez fue
publicado en forma de libro en 190 páginas (Zorrilla, el imperio del crimen, Edit. Planeta, 1989). Casi
inmediatamente después, Federico Gómez Pombo asistente de confianza de Morales Lechuga, buscó al
reportero, autor del libro para decirle que “el procurador está muy molesto por lo que dices de él”.
Es que allí se reportaron hechos y dudas de las detenciones y se demandaban explicaciones.
“La detención peliculesca de Zorrilla el 14 de junio, cuando se introdujo como personaje protagónico el
procurador del Distrito Federal y que motivó –también encargó—narraciones periodísticas rebosantes de
suspenso y heroicidad, además de conjeturas de que allí hubo arreglos no explicados”.
También se reprodujeron los amagos de Morales Lechuga a Zorrilla en el momento de su detención;
“nada de andar publicando documentitos, eh, Toño. Nosotros te garantizamos un proceso apegado a la
ley y la seguridad de tu familia”.
Eso y más causó la conjetura. ¿Qué negoció Morales Lechuga para que se entregara Zorrilla? ¿Cómo
garantizarían la seguridad de su familia? ¿Le respetarán todos sus bienes?
Eso fue lo que molestó entonces al procurador capitalino.
El trabajo de Proceso
El 10 de octubre de 2022 (32 años después) el reportero autor del libro tuvo que acudir a hacer un trámite
a la Notaria de Morales Lechuga. Con comedimiento fue invitado a tomar un café con el notario y con
Gómez Pombo de testigo. Hablaron libremente de la sentencias y de la prisión domiciliaria de Zorrilla
desde 2013.
Casi al final de la charla franca el reportero recordó la pregunta, aun sin respuesta publica, de que si pactó
con Zorrilla respetarle sus bienes a cambio de entregarse.
Morales Lechuga sonrió al decir: –Claro que no– . En cambio preguntó si se sabía de las cuentas
bancarias que le detectaron a Zorrilla en Estados Unidos y Europa. Mencionó varias cantidades
millonarias y aseguró que lo había consignado a la PGR. El reportero lo ignoraba, pero sin documentos
mantuvo la duda.
Y el 21 de septiembre de 2023 la conjetura del reportero se disolvió plenamente al leer con la firma de
Diana Lastiri en la Revista Proceso la investigación con el título: Enriquecimiento ilícito, acopio y tráfico
de armas, los otros delitos del asesino de Buendía y se cita el informe que la PGJDF entregó a la PGR del
18 de junio de 1989, cuatro días después de la detención de Zorrilla.
Y en el sumario se asentó: El expediente Buendía, entregado por el Centro Nacional de Inteligencia al
Archivo General de la Nación, da cuenta que José Zorrilla amasó una fortuna de “miles de millones de
pesos”, entre casas y terrenos, cuentas bancarias e inversiones por todo México, Estados Unidos, Canadá
y Alemania.
De los datos referidos por la investigadora se encuentran lo que Morales Lechuga había platicado antes al
reportero y sobresalen los siguientes:
En 1984 Zorrilla declaró ingresos por cuatro millones 91 mil pesos, inversiones por 191 mil pesos y
deudas de dos créditos hipotecarios ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Banobras, por 495 mil pesos.
Para 1985 el exdirector de la DFS vendió su casa en la Campestre Churubusco, por siete millones y
medio; declaró sueldos por cuatro millones 246 mil pesos e intereses por tres millones 750 mil pesos.
En contraste, ese año sumó ingresos por 15 millones 496 mil 400 pesos; inversiones en Banobras, Banco
Internacional y Banca Confía, por nueve millones 729 mil pesos y sus deudas con el ISSSTE y Banobras
ya eran por 305 mil 56 pesos.
En una “Relación de propiedades” que consiguió la reportera y que se había encontrado al catear la casa
de Zorrilla en avenida Reforma se describe:
Más de 20 bienes, como la casa de Paseo de la Reforma y 13 lotes en el Fraccionamiento Lomas de las
Palmas en el Estado de México; tres lotes en Colinas del Sur, en el Distrito Federal; una casa en los
Tabachines, Cuernavaca; otra en Teololco 320, en el Pedregal de San Ángel; tres lotes en el
fraccionamiento San Juana, otro en Paseos de Taxqueña, uno más en Portales, un lote en División del
Norte y otro en Tlalpan.
El listado incluyó un condominio en el fraccionamiento el Conquistador en Cuernavaca, otro en la zona
hotelera de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y uno más en la zona residencial de Cancún, Quintana Roo.
También una casa campestre en Avándaro, dos terrenos en el Pedregal de San Ángel, un terreno en un
“lujoso” fraccionamiento de Guadalajara, Jalisco; varios terrenos en Palmira, Cuernavaca, municipio en
el que también tenía un terreno en la zona residencial de Los Limoneros; un terreno en Zapotlán,
Hidalgo, y una exhacienda en Atotonilco; dos terrenos con caballerizas en el Ajusco, con una extensión
de 36 mil metros; dos terrenos en Tizayuca, Hidalgo, otro en Huejutla y un condominio en Campos
Elíseos, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
“En el extranjero tenía propiedades en La Joya, Cal., una propiedad en Houston y otra más en Horse
Shoepday (sic)”, señala el documento que detalla lo asegurado durante el cateo de la casa de Zorrilla.
Según los documentos, Zorrilla era accionista de la empresa Constructora e Inmobiliaria Zoma; del
Grupo Autotransportista Tusac, que integra 32 compañías; socio mayoritario del Grupo Agropecuario
San José; socio y administrador único de Bienes Raíces Prado Sur, SA.
En otro portafolios las autoridades hallaron una membresía de condominio compartido internacional, con
un valor de 44 mil 734 dólares, adquirida en el año 1988.
Fueron localizados documentos sobre cuentas en el Frost National Bank de San Antonio, Texas; el Israel
Discount Bank of New York; en el Bank One of Texas; en el First National Bank en Woodlands, Texas; en
el Deustche Bank en Munich Alemania Federal, donde realizó depósitos por aproximadamente dos
millones de marcos alemanes; una cuenta en el Bank of Montreal en Canadá; vínculos con The Union
National Bank of Laredo; San Diego Federal American Bank of Commerce; Credit Commercial de
France; Ultimate Bank King; Alamo Bank y City Bank Preferred Visa.
“En su portafolios se encontraron cheques de viajero por ocho mil 200 dólares, así como un cheque
personal en blanco de su cuenta en el Deutsche Bank”.
Las autoridades comprobaron que Zorrilla realizó tres depósitos de 500 millones de pesos cada uno entre
septiembre y diciembre de 1988 a cuentas de Banamex, Bancomer y Banco Mercantil, en este último
banco también se realizaron otros depósitos por 350 millones de pesos.
En Banco Internacional, Zorrilla tenía una caja de depósito y en Banamex recibió depósitos por cerca de
238 millones de pesos a nombre de Moisés Uribe López, utilizado por el mismo exfuncionario como una
especie de prestanombres ilegal.
“Para preparar su posible huida en el caso de ser descubierto en su posible participación en el homicidio
de Manuel Buendía”, señaló la PGJDF.
También fueron realizados depósitos en Bancomer a nombre de Marisela Ruvalcaba y Zorrilla por 35
millones de pesos.
Tuvieron que pasar 33 años para que una de las suspicacias del Caso Buendía se disolviera por el trabajo
investigativo de una profesional de la revista Proceso. La opacidad o sigilo de muchos servidores públicos
niega el derecho a saber de la población y también por deficiencias profesionales en el periodismo que se
guardan las suspicacias o conjeturas en lugar de investigarlas, como le ocurrió a este reportero.