José Antonio Alcaraz.-Por negativas de atender solicitudes y apoyo a la sindicatura jurídica de Pachuca, se solicitó una investigación y separación del cargo de Hugo Armando Vázquez Reséndiz, coordinadora General Jurídico Municipal de Pachuca.
La petición fue hecha por Liliana Mera Curiel, sindica Jurídica Procuradora del municipio de Pachuca, quien, además, solicitó a sus compañeros de cabildo se pueda destinar un mayor número de abogados para atender el trabajo que llega a esta representación legal del municipio.
En reiteradas ocasiones, dijo la síndica procuradora emanada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el coordinador general jurídico se ha negado a atender las solicitudes.
Una de ellas, citó, fue la mandatada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) quien solicitó al ayuntamiento de Pachuca que se efectúen acciones necesarias a efecto de iniciar procedimientos legales, administrativos y penales para atender observaciones derivadas de una fiscalización.
En sus dictámenes, dijo Liliana Mera, advertido acciones y hechos dentro de la administración pública municipal de Pachuca que constituyen probables faltas administrativas y delitos.
“No omito señalar que la negativa del Coordinador General Jurídico, Hugo Armando Vázquez Reséndiz, quien manifiesta encontrarse impedido por el tiempo que ha transcurrido desde la notificación de los volúmenes de observaciones, hecho que comentó a este órgano colegiado”, señaló Liliana Mera.
Aunque no detalló el contenido de dichas observaciones, dijo, fueron revisadas al interior de su sindicatura, llevándose “algunas semanas” para posteriormente girar los oficios correspondientes a las áreas para iniciar los procedimientos o las acciones jurídicas, por lo que se remitió a la Coordinación General Jurídica dentro de los 30 días hábiles posteriores a la recepción de los resultados de la auditoría.
Liliana Mera, precisó que al llegar a la sindicatura jurídica “no hubo una entrega – recepción”, por lo que se informó en su momento a la Secretaría de Contraloría Municipal, pues se recibió “una oficina vacía documentalmente que, al día de hoy, cada vez que se solicita información, la única forma de acceder a los expedientes, cuando son voluminosos, es constituirse a la Coordinación General Jurídica.
En ese sentido, recordó que la Coordinación General Jurídica no está facultada para negar la asistencia jurídica a la sindicatura, añadiendo que “es un hecho notable que las acciones legales relacionadas, se encuentran sujetas a una caducidad, por lo cual la negativa de atenderlos sí genera una responsabilidad de los servidores públicos municipales”.
Por todo lo anterior, Liliana Mera solicitó se mandate a la Secretaría de Contraloría Municipal para que en el ámbito de sus atribuciones intervenga y realice las acciones correspondientes para “suspender al coordinador general jurídico”, toda vez que dicho funcionario no puede negarse a realizar las atribuciones que le designan los ordenamientos jurídicos, así como el hecho que ha sido omiso en este y otros asuntos que son de su competencia.