Itzell Molina.- El Grupo Legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó un acuerdo económico por el cual exhorta a los titulares de las Unidades de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, así como del municipio de Atitalaquia, a que hagan pública la documentación y expediente, con base en lo establecido en la NOM 083, del basurero operado en dicha municipalidad por la empresa Esmex.
En este sentido, la diputada local Lisset Marcelino Tovar, indicó que el objetivo de la presente solicitud, es hacer públicos los expedientes contemplados en la Norma Oficial Mexicana (NOM) 083, respecto de las especificaciones para la protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operaciones, monitoreo, clausura y obras complementarias para un sitio disposición final de residuos sólidos urbanos.
Añadió que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud del Gobierno de México indicó que conforme a lo establecido artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 121, 130, 133 al 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además del primer párrafo del artículo 131 del mismo ordenamiento, se determinó la incompetencia por parte del gobierno federal dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de información y recomendó remitir la misma a la Unidad de Transparencia del Gobierno de Hidalgo.
Apuntó que derivado del recurso de revisión N137/2022, la respuesta del ayuntamiento refiere nuevamente a que la solicitud de información debe ser presentada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo.
Además, de que indicó no contar con el acta de asamblea municipal en donde se aprueba o no la licencia de la empresa Esmex, toda vez que se aprobó únicamente la concesión de servicio, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Lisset Marcelino manifestó que existe falta de voluntad política y administrativa por parte de las dependencias señaladas para hacer públicos los documentos del expediente sobre un tema que generó un importante conflicto social y político que derivó en la muerte de un ciudadano del municipio de Atitalaquia.
“No basta con la clausura, pues apegados a los principios de certeza y transparencia, es necesario conocer la cadena de autorizaciones que permitieron la apertura y operación de un centro de disposición de residuos que devino en un conflicto social. La sociedad hidalguense merece y necesita conocer la forma en cómo fue otorgada la licencia y el permiso de operación a la empresa”, apuntó.
Los diputados Roberto Rico, del PRI, y Octavio Magaña, del PVEM, se sumaron al planteamiento de la legisladora Marcelino Tovar, mismo que fue turnado para su resolutivo de la Comisión Permanente Transparencia y Anticorrupción.