Pide  FGR 55 años de prisión para Gerardo S.

Juan Manuel Pérez.- Gerardo Sosa Castelán jefe político del Clan Universitario puede enfrentar hasta 55 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Lo anterior al solicitar la Fiscalía General de la República (FGR) 15 años por el primer delito por un monto de 58 millones de pesos, presuntamente desviados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y por 40 delincuencia organizada

El jefe político de la también llamada Sosa Nostra, es aliado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desde la elección presidencial de 2018; es acusado de liderar una organización a la que la FGR definió como «de índole criminal».

Dedicada a sustraer recursos de la UAEH, mediante la dispersión a despachos contables y compañías falsas, que posteriormente enviaban el capital a personeros o directamente la familia Sosa Castelán.

Mediante este esquema, con el cual los fondos terminaron en cuentas de personajes como las hijas de Gerardo Sosa, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, ambas prófugas, la FGR afirma que se malversaron 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018.

La petición de sentencia fue recibida, mediante oficio, por el juez de control Gregorio Salazar Hernández, quien está a cargo de este caso que data desde el 31 de agosto de 2020, cuando el líder político fue detenido e ingresó al penal de máxima seguridad del Altiplano, pero que se basa en una investigación iniciada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2017.

En el documento, el fiscal Carlos Melo Ponce, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, también pidió para Sosa el pago de 30 mil días de multa, como una medida para resarcir el daño.

El fiscal aseguró que el actuar ilícito del exrector y también expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Hidalgo, así como de los coimputados en esta causa penal (263/2020), fue alto, «porque lesionaron gravemente la seguridad pública y penal.

El sistema financiero y la economía nacional, y la puesta en peligro que sufrió la seguridad del país es alta, pues el delito de delincuencia organizada está considerado como delito de alto impacto, que afecta la gobernabilidad del país».

Para tres coacusados, Juan Manuel Hernández Gayosso, que está recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 El Altiplano, así como María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez, privadas de la libertad en Centro Federal de Readaptación Social 16, en Morelos, la FGR pidió 35 años de cárcel y 17 mil 500 días de multa.