El futbol mexicano enfrenta una nueva controversia luego de que se diera a conocer una orden de aprehensión en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, acusado del delito de desobediencia de particulares agravado. La medida también involucra a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, de acuerdo con la información publicada este martes 28 de octubre.
El caso se origina por el incumplimiento de ambos implicados a la orden judicial que los obligaba a presentarse en la audiencia inicial para la formulación de imputación. Según reportó Diario Reforma, ni Martínez ni Cabrera acudieron a las citaciones ni justificaron su ausencia, por lo que el juez los declaró sustraídos de la acción de la justicia. Una vez ejecutadas las órdenes de aprehensión, ambos serían trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.
El delito de desobediencia de particulares, contemplado en el Código Penal, se aplica cuando una persona desacata una resolución emitida por una autoridad judicial o administrativa. En este caso, la resolución estaría relacionada con un conflicto por los derechos de transmisión de los partidos de Grupo Pachuca.
Fuentes cercanas al caso señalan que la investigación comenzó cuando el juez ordenó al Club Pachuca abstenerse de realizar transmisiones deportivas bajo litigio. No obstante, los detalles del expediente permanecen bajo reserva por tratarse de un proceso en curso.
El conflicto de transmisiones se remonta al momento en que los clubes Pachuca y León rompieron su relación con Grupo Lauman, filial mexicana de Fox, para asociarse con Fox Corp/Tubi y transmitir sus encuentros por esa plataforma. La ruptura derivó en una serie de demandas y bloqueos que afectaron la señal de varios operadores, mientras las partes reclamaban la titularidad de los derechos.
Grupo Lauman argumentó que los contratos vigentes lo acreditaban como poseedor de los derechos de transmisión, por lo que demandó a Grupo Pachuca y a Fox Corp tanto en México como en Estados Unidos. A partir de ahí se emitieron amparos y medidas cautelares que dificultaron la difusión de los partidos y agravaron el conflicto legal.
El juez a cargo del caso advirtió que, en caso de persistir el desacato, podrían imponerse sanciones más severas y consecuencias penales mayores para los implicados. De confirmarse esa ruta judicial, el proceso podría sentar un precedente sin antecedentes recientes en la historia del futbol mexicano.