Alberto Witvrun.- La expulsión de ocho consejeros estatales que el 2 de junio al no alcanzar su objetivo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obedeciendo en su mayoría al desafío que el Clan Sosa Castelán lanzó al gobernador se postularon por el Partido del Trabajo (PT), permitirá una recomposición de fuerzas al interior del instituto político gobernante, que influirá en la consolidación de estructuras camino a las elecciones intermedias de 2027.
Las posiciones que con esta decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia quedan acéfalas, serán ocupadas por quien en el Congreso Estatal ocuparon las posiciones inmediatas, así que no habrá necesidad de elecciones, porque estatutariamente se aplica la fórmula de prelación, lo cierto es que el grupo leal al hombre fuerte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) está prácticamente diluido.
Aunque Marivel Solís Barrera y Marisol Ortega López recibieron la orden de Gerardo Sosa Castelán de permanecer como secretaria general y presidenta del Consejo Político, aunque están aisladas por la desconfianza; en estos casos no han podido probar la traición a Morena, aunque se sabe que operaron a favor de los candidatos e intereses del clan universitario.
Gerardo Sosa, sabe que lo que conserve en Morena le puede servir como moneda de cambio ante la posibilidad de que su condición legal cambie con la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) aunque poco podrá hacer si hay una decisión presidencial para que los tribunales retomen su caso; mientras sus alianzas con Abraham Mendoza, Susana Ángeles y Cipriano Charrez ya de nada le sirven.
Mientras la reconformación del Consejo Político fortalece a la dirigencia de Marco Antonio Rico Mercado que a pesar de sus detractores en términos reales ofreció buenos resultados con 42 ayuntamientos, entre ellos los 28 estratégicos, además de darle el millón de votos a Claudia Sheinbaum y al Ejecutivo estatal la mayoría legislativa.
