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    Militares podrían perder sus viviendas en Villa Elena

    10 agosto, 2023 Principal
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    Guillermo Bello. Mineral de la Reforma.- Se encuentran en la incertidumbre 56 familias de militares que viven en el Fraccionamiento Villa Elena, pues fueron notificados de que las casas que adquirieron a través de créditos emitidos por Banjercito y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), están construidas en terrenos ejidales invadidos.

    En 2012, militares un grupo de familias de integrantes de las fuerzas armadas adquirieron viviendas, edificadas en 2010 por la constructora Azarías, empresas que acusan, ya desapareció.

    Para 2018 se enteraron que sus casas habitación fueron construidas en terrenos ejidales invadidos, sin embargo, esto no fue razón para detener el cobro que realizan las instituciones referidas, pues los afectados aseguran que continúan pagando los créditos que oscilan entre los 250 y 500 mil pesos.

    Explicaron que la presunta dueña de las parcelas recientemente inició el conflicto por la propiedad ubicada al interior de la localidad de Santa María La Calera, pero les desconcierta que no haya pugnado hace 13 años, cuando empezaron las construcciones.

    Acusaron que esto es participación de una estrategia fraudulenta por parte de la propietaria del ejido, puesto que pese a vivir a un costado del lugar esperó a que concluyeran las construcciones y que existieran todos los servicios básicos disponibles para, entonces sí, luchar por la propiedad.

    Uno de los afectados precisó que aún debe ocho de los 20 años de deuda por pagar, de un crédito total de 290 mil pesos con lo que adquirió una casa de dos recámaras y que, pese al conflicto o al ser militares retirados, continúan pagando los inmuebles, así como agua, luz y predial.

    Los vecinos explicaron que han acudido a distintas instancias para solicitar apoyo, tal como la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, el Tribunal Agrario, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Poder Judicial de la Federación, sin embargo, no han sido escuchados.

    “Estamos preocupados. No podemos vivir tranquilos porque estamos pensando a qué hora nos van a sacar”, expresó una de las vecinas afectadas por esta situación.

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