Alberto Witvrun.-En Villas La Paz hace poco más de un lustro empezaron a levantarse par de residencias que superaban por mucho inmuebles de todo Ixmiquilpan, una casi enfrente de la otra, separada apenas por los seis metros que mide la calle, así mostraban Cipriano y Pascual Charrez Pedraza que las organizaciones sociales como fachada para bajar recursos federales y chantajear a gobiernos y empresas eran altamente productivas.
Para ellos la desaparición de Servicio, Educación y Desarrollo de la Comunidad (Sedac) y Comunidades del Valle del Mezquital (Covac) dirigidas por Oralia Cárdenas y Wenceslao Angulo, extinguidas por el gobierno de Jesús Murillo Karam y la posterior fractura del priismo a partir del proceso interno para candidato a gobernador en 1998, dejó el campo fértil.
Juntos pero no revueltos, tuvieron diferencias, pero siempre encontraron la forma de resolverlas, pero conforme intereses políticos y económicos, crecieron; al alcanzar el poder municipal se profundizaron, en discusiones y riñas salieron a relucir las armas, más cuando Cipriano le arrebató la candidatura de Acción Nacional (PAN) a Pascual, por influencia de Xóchitl Gálvez Ruiz.
Así que lo sucedido el lunes, no extraña, Cipriano y Pascual se reunieron para acordar acciones políticas camino a las elecciones municipales de 2020; no hubo acuerdos, discutieron y llegaron a los golpes, Pascual surgió victorioso o por lo menos eso se dice, Cipriano entonces llamó a sus huestes que controla el delegado de El Nith, Alfredo Ortiz.
Sus guardias comunitarias se enfrentaron con la policía municipal, se armó el zafarrancho, hubo seis detenidos, posteriormente llegaron Policía Estatal y Guardia Nacional, al ser superados los de El Nith, en la comunidad se organizaron y fueron a prender fuego a las patrullas frente al ayuntamiento, lo que enrarece más el clima de inseguridad.
Este enfrentamiento, no es una diferencia simple, tiene implicaciones, porque sume al municipio en la ingobernabilidad y se agrega a los homicidios dolosos y al crecimiento de la delincuencia, lo que requiere la intervención de los gobiernos estatal y federal para reforzar la seguridad, también del Congreso local, porque la contaminación social se genera desde el ayuntamiento que no tiene capacidad de ser garante de la seguridad pública, al contrario, hay quien asegura que desde ahí se generó.