Andrés A. Solis*
Este 12 de junio se cumplen 22 años de que entró en vigor la primera ley de transparencia en
México, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que dio
origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, una efeméride que toma particular
relevancia en estos tiempos.
En estos días, integrantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos (INAI) y de varios organismos de las entidades federativas,
publicaron un desplegado en medios impresos, para pedir una cita con la virtual presidenta electa,
Claudia Sheinbaum Pardo.
El objetivo es explicarle la importancia de los organismos autónomos garantes de los derechos de
información y por qué eliminarlos y devolver sus funciones al estado, es regresivo para el
desarrollo de la democracia del país y sobre todo, para el libre ejercicio de derechos.
Hay que recordar que el aún presidente insiste en desaparecer al INAI. López Obrador se mantiene
en su idea de que el INAI no sirve, que es oneroso y no combate la corrupción.
Es ocioso explicarle que ha vivido en el error.
La ganadora de la elección presidencial se ha mantenido en la misma idea y en campaña prometió
desaparecer al INAI y a otros organismos autónomos que han servido para empoderar a las y los
ciudadanos.
La cúpula del poder no entiende que el combate a la corrupción no es responsabilidad de los
organismos de transparencia; que su labor es garantizar el derecho a saber, a conocer la actuación
del gobierno.
No van a entender que eliminar instancias como estas solo contribuirá a la opacidad que vivimos
durante décadas con el otro partido dominante, el del siglo pasado.
Las leyes de transparencia son una herramienta importante para el periodismo de investigación y
permiten a las personas conocer algo más que los salarios del funcionariado.
Las leyes de transparencia también protegen nuestra información personal y dan
responsabilidades legales a las instituciones para que rindan cuentas sobre sus actos y no solo en
lo relativo al manejo del dinero público. Nos permiten saber a dónde van esos recursos, qué se
compra, a quién se contrata y por qué y quiénes son las personas que reciben dinero público y
para qué.
Desaparecer los organismos de transparencia es devolverle al estado el privilegio de la
información y con ello abrir la puerta al autoritarismo, a la opacidad, a la mentira y la corrupción
porque no tendríamos mecanismos para identificar actos contrarios a la ley y menos poderlos
documentar.
*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas
prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Conduce el programa “Periodismo Hoy”
que se transmite los martes a las 13:05 hrs., por Radio Educación.