Manuel Castellanos.- En Hidalgo se mantiene la lucha contra la corrupción y cero impunidad, compromiso permanente de este gobierno con la sociedad, al procesarse en 20 meses de la actual administración 7 de once denuncias interpuestas, derivadas de la integración de las respectivas carpetas de investigación por la llamada Estafa Siniestra y en promedio se ha denunciado un caso cada 30 días, porque el trabajo es permanente.
El intenso trabajo en este periodo permitió iniciar acciones legales contra aquellos que cometieron actos ilícitos, sin importar su afiliación política, generando así 41 denuncias por un total de 2 mil 204 millones de pesos, explicó el secretario de la Contraloría Álvaro Bardales Ramírez, tras darse a conocer a detalle el caso del presidente municipal con licencia de Progreso de Obregón Armando M. O.
Bardales Ramírez, manifestó que se ha realizado un intenso trabajo contra aquellos que han cometido un hecho ilícito en la forma de administrar los recursos del pueblo, pero también por la forma de actuar de los servidores públicos.
“El combate a la corrupción ha sido con todos aquellos que han cometido un ilícito. Nosotros no vemos personas, no vemos nombres, no vemos partidos, no vemos colores, simple y sencillamente vemos los hechos que constituyen un delito y eso es lo que nosotros perseguimos y actuamos”, concluyó.
Expuso que entre las irregularidades detectadas hay facturaciones simuladas, omisiones en la recuperación de fondos y devoluciones parciales de dinero; no obstante, se aseguró que se recuperaron más de 180 millones de pesos y adquirieron inmuebles valiosos para el estado que ya se destinaron a programas y acciones en beneficio de la población.
La Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) dio a conocer que hasta ahora los municipios de Nopala de Villagrán, Epazoyucan, Pisaflores, Huautla, Progreso de Obregón, Tula de Allende, Atitalaquia y Mineral de la Reforma por el ejercicio fiscal 2019, en la pasada administración municipal, fueron denunciados por las irregularidades; en los casos de Tepeji del Río y Singuilucan los alcaldes se apegaron al criterio de oportunidad, mientras que el undécimo municipio fue omitido hasta que se inicie con la judicialización de la carpeta.
