Alberto Witvrun. – La disputa por el control de la empresa social icono del cooperativismo La Criz Azul que dejó en abril un saldo rojo de 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos cuando un puñado de esquiroles trató de recuperar la planta Tula para el grupo de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Juan Antonio Marín Gutiérrez parece entrar a su etapa final.
Tanto esta dupla como el grupo que encabeza Federico Sarabia Pozo juran y perjurán que les asiste la razón jurídica y se dicen los legítimos presidentes de las comisiones de Administración y de Vigilancia respaldados por asambleas legítimas; pero ninguno de los dos grupos lo ha demostrado plenamente mientras la cementera registra pérdidas que superan los 10 mi millones de pesos y tienen en riesgo el empleo de 15 mil trabajadores.
Velázquez y Sarabia se acusan mediáticamente de lo mismo uno dice que al interior de la planta Tula hay un grupo armado y el segundo lo responsabiliza de provocar el enfrentamiento del 26 de abril y de intentar en julio un nuevo asalto con grupos de choque.
En este conflicto se ha involucrado a influyentes personajes como Julil Scherer Ibarra y Eduardo Osorio Chong, despachos de abogados y jueces de la Ciudad y del Estado de México.
Ambos grupos ha recurrido al derecho de manifestación, los de Sarabia para exigir la reconecxion del suministro eléctrico que les fue suspendido y los de Velázquez para que les devuelvan la planta Tula.
En medio de todo ambos grupos medio muestran documentos y hablan de resoluciones de jueces que les favorecen, pero nadie lo ha probado plenamente así que el conflicto sigue vivo y afecta a 15 mil socios y trabajadores distribuidos en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y Ciudad de México.
En medio de este conflicto en que los últimos dos gobernadores le sacaron la vuelta por los intereses que lo envuelven, el actual como hombre de leyes, puso el dedo en la llaga y le llamó a las cosas por su nombre:
«…asunto entre particulares, que no se resolverá con manifestaciones ni violencia» estableciendo que quien lo debe resolver es un juez y la intervención de los gobiernos estatal y federal tomará ese camino, que no es fácil ni simple pero si adecuado y legal, en suma voluntad política hay, pero también respeto al Estado de Derecho y ambos grupos lo tendrán que respetar.