Alberto Witvrun.-Entregadas 83 de 84 constancias de presidentes municipales electos partidos y candidatos perdedores se aprestan a cambiar la decisión manifestada por los ciudadanos en las urnas electorales impugnando los procesos en sus respectivas municipalidades y serán los magistrados de los tribunales electorales estatal y federal en su caso, quienes tendrán la última palabra en los más de 70 procedimientos interpuestos acompañados de una narrativa que no se escuchó en los 40 días de campaña.
Los casos donde se concentra la atención son Pachuca de Soto, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende y Actopan, en todos involucrados candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en los tres primeros son los demandantes y en el último la candidata es la acusada de fraude por todos los contendientes que acusan incluso al Concejo Municipal de incurrir en delitos electorales.
La narrativa de Pablo Vargas González, Damián Sosa Castelán y Ricardo Baptista González, es similar acusan: coacción del voto, guerra sucia, coacción del voto y actitud parcial de la autoridad electoral, llegando al extremo el diputado Gerardo Fernández Noroña de pedir la destitución de todo el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), lo que para algunos son “patadas de ahogado”.
En Pachuca y Tulancingo el discurso se endureció después de conocerse los números del conteo voto por voto, en la capital pedido por Morena y en Tulancingo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); como es normal siempre que se pide este conteo se tiene la esperanza de revertir el resultado, pero en la capital la ventaja se incrementó notablemente a favor del candidato priista; en el segundo se revirtió.
En Tula el ganador fue la alianza PAN-PRD encabezada por el perredista Manuel Hernández Badillo, aun así Morena acusa la intervención del gobierno estatal para impedir su triunfo; ahora todos tendrán que aportar pruebas suficientes, para buscar anular casillas estratégicas que cambien el resultado o bien la anulación para ir a un proceso extraordinario.
La presión a los magistrados fue iniciada por el dirigente nacional de morena Alfonso Ramírez Cuéllar seguida por un grupo de diputados petista y morenistas encabezados por Fernández Noroña, que ya le tomó afecto a Damián Sosa Castelán que se divide entre la defensa de su causa y la solicitud de amparo a la justicia federal para no ser detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), por el mismo caso que le sigue a su hermano mayor y jefe del Clan Universitario.
No menos fáciles serán las otras impugnaciones, en Pachuca el independiente Ricardo Crespo, interpuso 17 y en Actopan el también candidato sin partido Guadalupe Portillo, es quien mejor sustentada tiene su impugnación contra lo que asegura fue fraude de Morena, esperemos por la legalidad y gobernabilidad de las siguientes autoridades municipales que los fallos de las dos instancias coincidan.