Alberto Witvrun.-La empresa ferroviaria Kansas City Southern, se convirtió en un caso curioso en Tula de Allende por una singular demanda penal en contra de productores agrícolas del ejido de Michimaloya que benefician sus tierras con la unidad de riego El Quinte la que administran desde hace 42 años, todo por permitirle a este consorcio estadounidense que sus vías cruzarán por su territorio.
Hidalgo vive en una de sus peores sequías de los últimos años, las altas temperaturas obligan a los agricultores a aumentar los niveles de riego de sus tierras para poder lograr una buena producción ya que el clima así lo requiere, pero resulta que en este caso ya fueron demandados ante el Ministerio Público Federal por la firma gringa que se dice afectada por el aumento en el volumen de agua ya que afecta sus vías ferroviarias.
Lo que no dicen los representantes de Kansas City Southern es que el ejido de Michimaloya les permitió como un acto de buena voluntad para que sus vías cruzaran por los terrenos que administra la unidad de riego, lo que puede ocasionar afectaciones a los rieles y en lugar de lograr un acuerdo demandaron penalmente a la directiva de la unidad de riego, bajo el argumento que estas cruzan por una zona federal, ante la pasividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El representante legal de Kansas City Southern Ricardo Gabriel Ensástiga Correa, armó un equipo de más de 15 abogados para impedir que los ejidatarios puedan aumentar el volumen de agua para irrigar sus tierras y por parte de los demandados sólo el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández inició gestiones para frenar el abuso de esta firma ferroviaria estadounidense que se benefició con el apoyo de los productores que no recibieron retribución alguna por autorizar el cruce de vías y ahora son perjudicados. Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes simplemente no aparecen por ningún lado para aclarar el problema, lo que sigue su curso es la demanda penal ante el Ministerio Público Federal, ya está en curso para lo que el ejido de Michimaloya no tiene recursos para pagar un solo abogado que pueda asesorarlos de este abuso de la empresa estadounidense, lo que le queda a los ejidatarios es confiar en los oficios del legislador federal.