*Justicia en duda

Alberto Witvrun.-En los últimos diez meses la disputa familiar por el control de un negocio expendedor de combustibles en Zimapán se convirtió en una “papa caliente” para la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) Yanet Herrera Meneses y para el procurador General de Justicia, Alejandro Habib Nicolás, porque el proceso tiene irregularidades y probables implicaciones políticas.

La disputa por la gasolinera Servicio Lara S.A. de C.V. escaló al grado que un grupo armado de más de un centenar de hombres la madrugada del 12 de abril de 2020, se apoderó de las instalaciones, tras amenazar a empleados y a los tres vigilantes, colocó una valla de láminas y tras retirarse la mayoría dejaron guardias armados apostados en esquinas y azotea argumentando que era un paro laboral, cuando esta acción dejó sin empleo a 25 trabajadores.

Todo dos días de que una de las partes recibiera la notificación de que era el único representante y administrador legal, pero desde entonces aparecieron una serie de carpetas de investigación en su contra, mientras las investigaciones han sido entorpecidas desde la Subprocuraduría de Procedimientos Penales Región Poniente, mientras que la jueza de control del Distrito Judicial de Zimapán, pretendía archivar el juicio de despojo.

Tampoco avanzan las investigaciones sobre el robo de un millón de pesos perpetrado días antes de que el grupo de choque de apoderara de la gasolinera que tenía en caja más de dos millones de pesos todo producto de la venta de gasolinas, por lo que se sospecha una colusión entre autoridades y la parte acusada de despojo o bien por intereses políticos, porque nada se resuelve a pesar de las pruebas.

Este caso parece tener implicaciones políticas, porque incluso se pretendió “poner fin” a este conflicto archivando todas las carpetas de investigación, incluyendo la central sobre el despojo y nadie parece querer que todo se lleve mediante los procesos legales en forma transparente, lo que hace necesaria la intervención de los titulares de la procuraduría y del Poder Judicial, porque se pone en duda el sistema de justicia.