Alberto Witvrun.-Se agota el tiempo y a pesar de las gestiones, trámites y demandas interpuestas por un
número creciente de constructores sigue recibiendo promesas de pago en algunos casos y
en otros simplemente el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial José
Ventura Meneses aplica el Efecto Avestruz y esconde bajo tierra la cabeza mientras
muestra el cuerpo de corrupción y soberbia que le acompañó durante el sexenio que está
por terminar.
De lo que se conoce por obras públicas terminadas y entregadas la actual administración
heredará un adeudo superior a los 300 millones de pesos y mientras los empresarios
tocan puertas exigiendo pagos que datan en algunos casos de la administración de José
Francisco Olvera Ruiz, de lo que tiene conocimiento directo Meneses Ventura porque él
como director general de Telecomunicaciones en ese gobierno las contrató para el
Tuzobus, empresas ligadas a él ejecutan obras millonarias.
Solo Constructora AIRAM JM S. A. de C. V. realiza trabajos por 98 millones de pesos en el
nuevo Hospital General y la persona física CVP construyó el distribuidor vial Venta Prieta
con un costo de 180 millones 278 mil 258 pesos, que no tendría nada de especial a no ser
porque fue la empresa contratada para una obra en el CBTis 222 demolida por no cumplir
con normas estructurales entre 2009 y 2010 construido por la empresa de un familiar de
Meneses Arrieta que firmó las estimaciones y que nunca fue sancionada.
Varios constructores desesperados porque el titular de SOPOT cerró la puerta a cualquier
negociación y no quiere dar la cara empezaron a acudir a la vía legal para demandar el
pago del gobierno del estado porque estiman que finalmente es la institución quien les
adeuda no un funcionario que además públicamente recibió la orden del gobernador de
resolver esta problemática y en su caso le tendrán que fincar responsabilidades.
Han acudido incluso al portal abierto por el gobernador electo Julio Menchaca en redes
sociales para denunciar actos de corrupción, que tendrá desde ahora en la fase de
transición que iniciar una serie de investigaciones sobre la red que se tejió desde la SOPOT
con empresas “consentidas” y el control de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC), cobrando más valor la declaración del gobernador Omar Fayad
Meneses “si alguien se comió algo, tendrá que pagarlo”.
