Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. Para la gobernadora del pueblo indígena de San Ildefonso en Tepeji del Río, Patricia Jiménez Martínez, la afectación causada por el paro de producción en la cementera La Cruz Azul asentada en Jasso, Tula, padecido desde el pasado 27 de agosto, no sólo afecta a los mil 500 trabajadores directos del núcleo, sino que alcanza a más de 5 mil familias de toda la región suroccidente de la entidad.
La autoridad tradicional manifestó su solidaridad con los obreros y dirigentes de la planta de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, a los que dijo, pronto les llegará la justicia.
La autoridad tradicional, aseveró que se atreve a pronunciarse al respecto de lo que sucede en la Cooperativa, porque, aunque es ajena al núcleo, en realidad las circunstancias que se viven en el entorno de la firma han derivado también en la falta de dinero circulante en la zona y el estado.
“Por ejemplo, en mi pueblo, somos constructores… antes, por la cercanía de San Ildefonso con Jasso, los hombres venían a ofrecer su mano de obra, hoy, eso se acabó, no nos contratan por falta de recursos”.
Por ello, dijo, le da gusto que en Ciudad Cooperativa Cruz Azul se comience a despertar en materia de derechos humanos, porque ese es el principal camino para ya no dejarse pisotear: “nos están vulnerando y nos quitaron nuestro derecho al trabajo, a un ingreso digno, que, de la noche a la mañana se acabó… se están metiendo con la salud y la educación de nuestros familiares, de nuestros hijos”.
Jiménez Martínez se expresó en estos términos desde la posición del menoscabo económico, social y político que ha causado el corte de energía que sufrió la planta de cementos de Jasso, el 27 de agosto, a raíz de una solicitud de un procedimiento de “libranza” o mantenimiento a la red eléctrica de la fábrica de parte del líder de la disidencia, Víctor Manuel Velázquez Rangel.
Cabe resaltar que la crisis causada por la falta de producción en la cementera, que ha dejado de generar 5 mil toneladas del producto para la construcción por día, y ha provocado que dejen de entrar a la empresa al menos 18 millones de pesos por día, lo que causa también de que, a los mil 500 trabajadores de la cementera o sus filiales, no se les haya pagado en cuatro quincenas.
Las afectaciones económicas y sociales que ha provocado el paro obligado de la planta de Cruz Azul, no sólo causan estragos en las familias de los mil 500 trabajadores directos de la empresa y sus filiales, sino que, causan menoscabos en al menos 5 mil cabezas de familia que dependen de la cementera en la región Tula – Tepeji y en el estado.
El corte de energía derivó de una petición para un proceso de libranza (mantenimiento) en la red eléctrica de la fábrica de cementos Cruz Azul, asentada en Jasso, Tula, requerida por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del consejo de Administración del núcleo, reconocido por la disidencia.
De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración del grupo que tiene en poder la planta de Jasso, Tula, Federico Sarabia Pozo, a 61 días de corte energético, la empresa registra pérdidas por mil 98 millones de pesos.