Alberto Witvrun.- Un balde de agua fría resultó la revocación del sobreseimiento del juicio a Gerardo Sosa Castelán por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones
de pesos y delincuencia organizada, que le quita también la libertad y le devuelve la
medida cautelar de prisión domiciliaria, lo que se considera que el Poder Judicial de la
Federación atendió el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo el caso
tenía que revisarse.
El Clan Sosa Castelán fue sorprendido, porque Gerardo Sosa, retomaba el control férreo
sobre el grupo que usufructúa inteligencia y recursos desde hace cuatro décadas de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y ordenó ajustes en la estructura
administrativa de la institución y apenas regresaba de un prolongado viaje por España,
luego de que se habían desestimado las acusaciones en su contra.
Las señales de la reactivación del Clan Sosa Castelán las dio Damián como comisionado del
Partido del Trabajo (PT) al anunciar la campaña de afiliación petista que tiene como meta
incorporar a 20 mil ciudadanos a las filas de su franquicia, en la víspera de la elección de
jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la posibilidad del
plebiscito para la Revocación de Mandato, el que difícilmente se llevará a cabo.
Porque su estrategia es promover la abstención en los dos casos, porque para ellos la no
participación en los dos procesos debilita el posicionamiento y aceptación del gobernador
Julio Menchaca Salazar a quien ahora le atribuyen todos sus males y responsabilizan de su
perdida de control en el PT, porque de 14 presidentes municipales, nueve se alinearon con
el gobierno estatal y de las dos curules en la 66 Legislatura, solo conservan una.
Debilitamiento que quieren subsanar con la campaña de afiliación, pero no contaban con
el golpe legal que regresa al jefe supremo del clan a enfrentar a la justicia y como en todo
proceso penal la posibilidad de una sentencia condenatoria que generaría condiciones
para una reforma a la Ley Orgánica de la UAEH, que significaría el principio del fin y que
sigue latente en el ánimo del nuevo régimen.
