La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez y el secretario Marco Antonio Escamilla Acosta firmaron convenio de colaboración
Para garantizar y fortalecer la práctica de valoraciones médicas a cargo del Consejo de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), la magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez y el titular de la Secretaría de Salud del gobierno estatal (SSH), Marco Antonio Escamilla Acosta, firmaron un convenio de colaboración.
El Consejo de Familia auxilia a juzgadoras y juzgadores con información necesaria para substanciar y definir juicios familiares, como la relativa a la salud de determinadas personas, principalmente niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, integrantes de una familia.
Durante la firma del documento, la magistrada reconoció que la colaboración entre ambas instituciones se ha dado durante muchos años, pero el convenio era necesario para dar formalidad a la labor que realizan los médicos.
“Cada controversia judicial que tiene que ver con menores implica que el juez ordene que se hagan pruebas psicológicas y médicas. Entonces, de verdad el trabajo del médico dentro del Consejo de Familia es muy importante”, expresó.
Sánchez Martínez destacó que esas pruebas sirven al juzgador para tomar decisiones importantes en materia de guardia y custodia, o bien en lo relativo a la suspensión o pérdida de patria potestad, “sobre todo para proteger a las niñas, niños y adolescentes”.
Escamilla Acosta coincidió en que el convenio otorga mayor formalidad a la participación del personal de la SSH en el Consejo de Familia, y se pronunció por la creación de un área dedicada a la valoración médica en asuntos de carácter judicial.
“No sería mala propuesta, pero mientras eso se da lo mejor es que desde adentro, desde casa, nos pongamos de acuerdo”, agregó el funcionario.
La magistrada presidenta del TSJEH también destacó la colaboración que se ha dado entre el Poder Judicial y el Sector Salud en la aplicación del Protocolo de Estambul para evaluar posibles casos de tortura en personas que se encuentran privadas de la libertad por la comisión de algún delito.
“Tuvimos que dar dos cursos especializados, y hoy tenemos los formatos para aplicar el protocolo tal y como se debe aplicar”.