Alberto Witvrun.-Un agente de la policía estatal será procesado por el delito de homicidio doloso, porque en el momento de disparar el lanza granadas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes de Xuchitlán, San Salvador el 1 de junio, no lo hizo con la técnica ni la pericia adecuada y el proyectil impacto en la frente de Leobardo, quien falleció después de dos semanas de recibir atención médica.
El saldo de esa manifestación que no tenía razón de ser es el de dos familias afectadas la del fallecido y la del policía que tendrá que purgar una larga condena de ser encontrado culpable por un juez; mientras hay quien trata de sacar provecho político de esta tragedia generada por intereses que nada tienen que ver con los que enarbolaban los pobladores de esa municipalidad.
La legítima demanda de justicia de la familia, es aprovechada con otros intereses; en redes sociales Armando Azpeitia Díaz, califica la muerte como un crimen de Estado, olvidándose que el Estado Mexicano es compuesto por tres órdenes de gobierno y él es titular de uno, por ser presidente municipal; pero mantiene silencio sobre porque el ayuntamiento de San Salvador pagó los autobuses en los que se trasladaron los manifestantes a Pachuca.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Poder Judicial, están obligados a un proceso transparente apegado a Derecho, en suma que se haga justicia y de probarse la responsabilidad en el delito por parte del agente policiaco sancionarlo conforme a la ley, pero en acontecimientos de esta naturaleza eso no debe bastar, porque hay responsables políticos
Azpeitia Díaz, debe abandonar su postura de activista y dedicarse a gobernar, porque no se puede administrar un ayuntamiento convocando a marchas y protestas y en la Secretaría de Seguridad Pública llevar a cabo una investigación interna que conduzca a la forma en que se manejó el protocolo para contener a manifestantes violentos, porque de ser cierto que la protesta fue orquestada, el fin no debe ser dos familias afectadas.