A dos años del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, sucedido el 23 de febrero de 2019en los límites de Tulancingo y Acaxochitlán, familiares del presunto responsable Fernando R. M. detenido hace un año, sostienen que es un preso político y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) “fábrica pruebas” para tener un culpable.
Fernando es inocente, es un chivo expiatorio para tener un culpable de la muerte del hijo de Gerardo S. C. jefe del grupo político que controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y exigieron un juicio apegado a Derecho, porque se han cometido toda clase de violaciones al debido proceso y a los derechos elementales no solo de él, también de su familia.
Indicaron que Fernando la noche de la detención se encontraba junto con su esposa y sus dos hijos en el domicilio de su suegra, en la colonia PRI Chacón puesto que su casa estaba en remodelación, ubicada en el centro de la capital del estado; durante la madrugada alrededor de quince policías llegaron a la vivienda, sacaron a su esposa y a sus hijos a la calle, mientras que él permanecía desnudo a la mitad del patio con una cobija en la cabeza que le impidió ver lo que ocurría.
Luego fue trasladado ante el Ministerio Público, donde habría de celebrarse la primera audiencia en la que se le informaría que él era el principal sospechoso en la comisión del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto, cuando solo lo habían entrevistado una sola vez a los pocos días del atentado.
Indicaron que en la evidencia existe una serie de discrepancias sobre el caso, ya que según la teoría presentada por el Ministerio Público, Fernando R. M. asesinó a Sosa Cravioto porque estaba molesto luego de haber sido despedido, pero realmente fue él quien presentó su renuncia ante Gerardo S. C.
El proceso está plagado de irregularidades que presenta el Ministerio Público tuvo como remate la localización de la supuesta arma homicida en una casa que no era la que Fernando habitaba con su familia de manera habitual. Después de un cateo de cerca de cuatro horas en una vivienda de apenas 40 metros cuadrados de construcción y sobre la cual la autoridad no ha presentado ningún estudio pericial que acredite la presencia de las huellas del imputado.
Por ello insisten en que Fernando un culpable fabricado, con un trasfondo político por ser la víctima de un político influyente, por tanto el delito no puede quedar impune y ante la incapacidad para dar con el o los verdaderos responsables, es más fácil fabricar a un culpable, sin importar el daño a su familia, porque puede pagar una condena por un delito que no cometió.