Después de dar a luz y recibir atención médica en un hospital de Oaxaca, Irene, una mujer indígena, quedó en estado vegetativo. Su caso fue llevado con retraso a la procuraduría sin embargo, pese a la prescripción del delito, el Poder Judicial de la federación intervino para la protección de sus derechos y los de su familia.
Esto fue relatado por Rubén Paulo Ruíz Pérez, magistrado del Primer Tribunal Colegiado de la Segunda Región del Poder Judicial de la Federación, durante una ponencia sobre los antecedentes de la jurisdicción para este sector, en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).
Según el servidor, la fiscalía estatal retrasó alrededor de 10 años la denuncia para señalar que no era de su competencia y fuera asumida por la Procuraduría General de la República (FGR) se buscaron vías alternas para que en la apelación, si bien se decretara la prescripción, no se dejara en estado de indefensión a la víctima.
El jurista conoció el asunto y dio vista al DIF nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Social y la de Educación Pública porque vive en una zona marginada y la mujer había desempeñado cargos en su comunidad.
Con ello, se logró una beca, apoyos sociales para el hijo de la víctima, su esposo y su hermana, que se hizo cargo del menor, mientras su madre permanecía con cuidados en su casa. El más reacio, dijo, fue el gobierno de Oaxaca.
El magistrado también abordó el caos de un joven originario de Quiavicuzas, Oaxaca, a quien contactaron unas personas y acordaron que le pagarían a cambio de que los transportara en su camioneta de un lugar a otro, sin saber la calidad de su situación migratoria.
El joven fue detenido, procesado y sentenciado, la apelación llegó a sus manos y éste fue el primer caso en México donde se optó por la declinación de competencia y el caso fue entregado a la comunidad para que resolviera el proceso conforme a sus propias normativas.
Por Oliver García