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    Exigen libertad de presos políticos

    27 enero, 2025 Sociedad
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    Juan Manuel Pérez.- Familiares y simpatizantes de Armando Mera Olguín, ex presidente municipal de Progreso de Obregón, Edgar Hernández Dañu, ex diputado local, y Miguel Ángel López Hernández, ex presidente municipal de Tlaxcoapan, se manifestaron frente al Poder Judicial de la Federación para exigir su liberación al calificarlos como presos políticos del gobierno estatal.

    Indicaron que los militantes del Partido del Trabajo (PT), sufren persecución política, e indicaron que Mera Olguín difundió una carta desde el penal de Pachuca acusando que vive tortura, está encerrado las 24 horas sin derecho a salir a caminar y lo obligan a hacer del baño en botellas.

    Mera Olguín enfrenta un proceso judicial desde abril de 2024, tras ser acusado por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) de no justificar 5.7 millones de pesos de la cuenta pública del año 2022. La denuncia fue presentada por el órgano fiscalizador en marzo del mismo año.

    La defensa de Hernández Dañu cuestiona la claridad de las pruebas presentadas en su contra y que el cateo en su domicilio fue irregular, al no cumplir con protocolos legales. Durante el cateo a su domicilio en septiembre de 2023, las autoridades encontraron armas y drogas. Su pareja, Arely “N”, también fue sentenciada a dos años de prisión y una multa de diez mil 374 pesos.

    Aseguraron que la falta de transparencia en el manejo de evidencias ha generado sospechas sobre manipulación del proceso, avivando dudas respecto a si la detención del ex diputado pudo estar motivada por intereses políticos.

    Hernández Dañu fue condenado en noviembre de 2024 a cinco años de prisión y al pago de una multa de 25 mil 935 pesos por el delito de narcomenudeo.

    En tanto Miguel Ángel López Hernández, ex presidente municipal de Tlaxcoapan, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por el delito de peculado de 21 millones 883 mil 267 pesos.

    La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) informó en la nueva acusación que fue por el delito de peculado cometido en el año 2015, durante el segundo periodo como alcalde de Miguel Ángel López, quien asignó casi 22 millones para la construcción del mercado municipal; no obstante, el inmueble se construyó en un terreno que no era propiedad del municipio.

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