Arturo G. Alanis.- Fue cancelada la conferencia de prensa de José Neri Ortega Blancas, dirigente del Sindicato del Cemento, que protagonizó el conflicto de Zimapán, donde fue señalado por transportistas y mineros de bloquear accesos a seis minas y el camino de la comunidad Garabatos, para obligar a los trabajadores a afiliarse.
En comunicado esta organización señaló que en Hidalgo se desencadenó «una campaña mediática y sucia para desprestigiar sus actividades laborales y de apoyo a los trabajadores, compañeros, ejidatarios».
Aseguran que fueron requeridos por trabajadores zimapenses «para que los apoyáramos a quitarse el yugo y azote que han venido sufriendo durante más de 20 años, por parte de las empresas mineras de la zona, quienes los utilizan».
Ante los señalamientos de empresarios mineros y transportistas zimapenses, de que el Sindicato del Cemento apoyado por gente armada e inclusive exhibieron video y fotos; ante ello rechazaron la violencia y la campaña de terror que pretenden infundir a nuestros compañeros; somos una organización con más de 30 años en el medio laboral. No siendo esta la primera campaña de infundios y mentiras. Sabemos que prevalecerá la verdad y la razón; apelamos a las autoridades para que con su pronta intervención pongan fin a los abusos y atropellos que durante años ha venido haciendo un grupo de personas en Zimapán por intereses económicos», refirieron en el comunicado.
También subrayaron los miembros de aquel gremio procedente del Estado de México que «no somos extorsionadores ni delincuencia organizada, tampoco nos hemos parado en las puertas de ninguna empresa a parar su trabajo».
Por lo contrario, consideraron que a un grupo de empresarios mineros de Zimapán y dirigentes de transportistas de minerales y no minerales «les preocupa que nosotros luchemos por los beneficios de los compañeros trabajadores, lo cual, por todos es sabido, no cuentan con la más mínima prestación de ley y son explotados como si viviéramos en el siglo XIX, pero esto se acabó».
Por tanto, dejaron entrever que insistirán en su propósito de entrometerse en el sector minero de Zimapán, y advirtieron: «Vamos a luchar con la ley en la mano para defender a los compañeros trabajadores y del ejido, a los cuales amenazaron (los empresarios mineros) con el cierre de las empresas», además de exhortar a instancias federales para que intervengan con inspecciones y auditorías que demuestren los «abusos y afectaciones» a la base laboral de las minas zimapenses.