Alberto Witvrun.-La presidenta municipal de Tepeapulco Marisol Ortega López, estima que hay “malversación de la realidad” sobre la agresión que sufrieron los regidores Guadalupe Miranda Pallares y Marcelino Pérez Ramírez durante su primer informe, además condena cualquier tipo de coacción o violencia y sostiene que no emitió orden alguna.
En efecto no lo hizo ahí, pero eso no quiere decir que con anterioridad lo haya hecho; pero cuando sus funcionarios arrebataron la manta a los regidores sacándolos del recinto a empellones, no intervino para evitarlo y, como si nada ocurriera siguió en la lectura de su informe ya rodeada de su equipo que fingió que nada había sucedido, así que si no fue responsable de acción, si lo es por omisión.
Llama a los regidores a presentar la denuncia ante las instancias que corresponden, lo que ya hicieron; ahora veremos si cumple su palabra de no tolerar estos excesos, sin tener que esperar a una resolución legal y con base en los testimonios video grabados destituye a los agresores, lo que seguramente no sucederá, por el contrario como se aprecia en su comunicado los defenderá a capa y espada, lo que se entiende.
No así el inocente silencio que guardan los testigos de honor de la agresión: los diputados Francisco Berganza Escorza, Navor Rojas Mancera, Adelaida Muñoz Jumilla, el ex secretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y alcalde de Nopala de Villagrán Luis Enrique Cadena García y el ex presidente estatal de Morena y delegado e Bienestar Abraham Mendoza Zenteno.
Ninguno de ellos ha realizado un pronunciamiento, por lo que aplica el refrán popular de que quien calla otorga, es decir que su silencio aprueba la acción en contra de los regidores por cierto militantes fundadores de Morena en Tepeapulco que están en contra de la forma facciosa como Ortega López maneja el gobierno municipal obedeciendo a los intereses del Clan Universitario de Gerardo Sosa Castelán.
Porque lo sucedido en el informe solo es consecuencia de nueve meses de excesos, botones de muestran sobran, como el caso del Síndico Procurador Hacendario Hugo Pérez Ramírez, a quien le inició Marisol Ortega un procedimiento legal por no someterse a su voluntad y negarse a firmar los ajustes al presupuesto, así que hoy no sólo le retiraron sus funciones sino que le retienen el 70 por ciento de su dieta.
En el caso de los “testigos de honor” por cierto tres de ellos aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, dan la impresión de que su silencio es porque no quieren enfrentarse a Gerardo Sosa Castelán que desde su condición legal sigue operando y será un factor político en el proceso interno de este instituto político en la definición de la candidatura.