Alberto Witvrun.- En sólo ocho meses una empresa privada se apoderó del ente estratégico de la movilidad
de la Zona Metropolitana de Pachuca y logró beneficios que la Secretaría de la Contraloría
tendría que revisar por la posibilidad de conflicto de interés y violación a la Ley de
Movilidad y Transporte por funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte
(Semot) incluyendo a su titular Lyzbeth Robles Gutiérrez.
A Luis Javier Ancona Luna representante legal y principal accionista de Líneas Unidas
México-Zumpango-Tezontepec-Progreso-Hidalgo y Anexas, Flecha Roja (Lusa) ya le dicen
el jefe por su influencia en la Semot a través de Humberto Cabrera Román director del
Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SIMATH) que meses antes de ser
nombrado fue empleado del empresario lo que puede implicar conflicto de interés.
También se tendría que revisar las condiciones en que operan las unidades llegadas de
Zumpango, Estado de México, donde tiene su sede Lusa, que prestan el servicio en la ruta
Téllez-Hospitales porque a los concesionarios originales les embargaron las unidades y
nadie puede prestar servicio de transporte público de pasajeros sin una concesión
otorgada mediante el estricto control establecido para evitar que sean utilizadas con fines
políticos.
La influencia de Ancona Luna, quedó al descubierto en un trabajo periodístico del
reportero Irving Cruz del diario Criterio, porque la Semot mantuvo oculta la información
por ocho meses, luego de que en esta columna se advirtiera el 7 de diciembre de 2022,
que la empresa Lusa buscaba no sólo la concesión del Tuzobus, también controlar el
transporte en la franja Tizayuca-Pachuca a través de las líneas que la integran.
Su Caballo de Troya Cabrera Román, también operó para Antonio Díaz de León, quien le
“vendió” la idea de este sistema al entonces gobernador Francisco Olvera Ruiz, que lo
autorizó sin un proyecto técnico de construcción lo que elevó costos y generó fallas de
origen, tanto que el gobierno estatal aún adeuda más de cien millones de pesos a varias
empresas.
Durante el gobierno anterior el Tuzobus fue objeto de procesos legales para quietársela al
Zar del Transporte Joaquín Gutiérrez y fue entregado a un operador temporal, lo que
permitió que el gobierno se apropiara el parque vehicular es decir las unidades del
Tuzobus son propiedad de SIMATH, originalmente no lo eran y con condiciones legales
para convocar a una licitación internacional.
Así el nuevo concesionario tendría que modernizar el sistema con unidades
tecnológicamente de primera generación y corregir las fallas de origen del sistema sin
costo para el gobierno que tendría que seguir subsidiando el sistema en beneficio de la
población y elevando la competitividad de la Zona Metropolitana, porque la problemática
de la movilidad y del sector transporte no se resuelve con fotografías de charlas de café en
las redes sociales.