Juan Manuel Pérez.- Delitos que podrían imputarse a los 120 detenidos por los disturbios registrados en la planta cementera de La Cruz Azul de Tula de Allende, son homicidio doloso en grado de tentativa, despojo, amenazas, lesiones y delincuencia organizada.
En conferencia de prensa ante el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, se abordaron los asaltos a la planta cementera.
Salvador Cruz Neri, secretario de Seguridad Pública, informó que además de las detenciones fueron asegurados un camión con placas de Oaxaca, una camioneta Cherokee con placas del Estado de México y un arma con 9 cartuchos útiles.
Iram González Pérez, subprocurador de la Zona Poniente de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), mencionó que los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y no se ha confirmado si hubo menores de edad entre ellos.
El jurídico del Gobierno, Raúl Serret Lara, destacó que hasta el momento no ha habido ninguna resolución judicial que favorezca a uno de los dos grupos que se disputan el control de los activos de la cooperativa.
El funcionario señaló que estos grupos antagónicos, que desde 2018 buscan imponer su dominio, están en conflicto por un patrimonio que incluye plantas industriales en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Aguascalientes y la planta de Jasso, además de hospitales, hoteles y hasta un club de fútbol.
En su oportunidad, Guillermo Olivares Reyna, secretario general del gobierno estatal, aclaró que la situación actual es de calma y llamó a los habitantes a realizar sus actividades con normalidad, toda vez que hay presencia policiaca para garantizar su tranquilidad.
Expuso que el gobierno actual tiene interés para que el conflicto se solucione, porque hay trabajadores afectados que son hidalguenses, «muchos de ellos son hasta fundadores de la cooperativa y siempre han trabajado con honestidad».