Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. Al menos 46 casas que se encuentran asentadas desde hace aproximadamente 100 años en la ribera del río Tula, en el tramo que corresponde a la calle Leandro Valle del centro de la Capital Tolteca, serán desalojadas y demolidas a consecuencia de las obras de revestimiento y ampliación del cuerpo de aguas negras.
Así fue revelado a vecinos de la arteria por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante una reunión con funcionarios de la dependencia que tuvo verificativo el pasado jueves, los servidores públicos advirtieron que los trabajos se realizarán sí o sí pese a la oposición que pudieran enfrentar.
Los residentes que se verán posiblemente afectados sostuvieron una mesa de trabajo la tarde del pasado sábado para acordar un plan de acciones y resistencia civil a seguir.
Acusaron que la Conagua, los quiere sacar de sus casas “a la brava” sin que se contemple un plan de indemnizaciones de por medio: “los funcionarios, entre ellos, Verónica Moreno Ramírez, coordinadora de asesores de la Conagua, nunca hablaron de un pago por nuestras pérdidas, ni siquiera una reubicación, únicamente dijeron que estábamos asentados en zona federal y que si querían nos podían sacar apegados en la ley”.
Abundaron que, aunque ya saben que serán entre 46 y 48 las viviendas desalojadas, en realidad no tienen certeza de cuáles vayan a ser específicamente las afectadas, ya que no les quisieron decir.
Comentaron que en la mesa de trabajo con Conagua, les dijeron que, inicialmente se contemplaba arrasar con 600 casas, pero luego en un acto “benevolente” para la gente de Tula lograron que se redujera a 300, pero que luego, finalmente les aseguraron que serán entre 46 y 48 propiedades.
Luis Ernesto Lozada, quien estuvo frente a la mesa vecinal, junto con Gabriela Tovar González, Socorro Salgado, Esperanza Nava y Edith Guzmán sostuvo que los directivos de Conagua se limitaron a decir que se quitarían las construcciones que estuvieran “a pie de río” con la finalidad de ampliar la capacidad del raudal de 250 a 600 o 700 metros cúbicos, lo que es inaudito y no se debe permitir.
En este sentido, Gabriela Tovar, llamó al grueso de la población tulense a unirse para no permitir que los tres órdenes de gobierno sigan enviando agua negra para la Ciudad de los Atlantes, ante el riesgo de inundaciones y mayor contaminación que representa.
Al concluir el dialogo vecinal se acordó que el próximo sábado a las 17 horas, en la escuela Teresa Martín, ubicada en Leandro Valle se realizará una nueva reunión en busca de integrar a la sociedad civil de Tula (sea damnificada o no) para no permitir la destrucción del río Tula, la demolición de casas ni el aumento de agua negra que pretenden los tres órdenes de gobierno.
Durante la segunda y tercera de septiembre pasado, el centro de Tula y nueve localidades de la demarcación sufrieron de una inundación sin precedentes, originadas por el desbordamiento del río Tula, emergencia que dejó como saldo a más de 35 mil damnificados.
Para evitar futuras anegaciones, el gobierno federal a través de la Conagua, reactivó el revestimiento y ampliación del río Tula, para incrementar el volumen del cuerpo de agua de 250 a 640 metros cúbicos por segundo, es decir, para enviar más líquidos residuales a la antigua Capital Tolteca.
De acuerdo con vecinos de la calle Leandro Valle del centro de la ciudad, los trabajos del río iniciarán el 5 de abril según les adelantó Conagua, por lo que, a partir de esta fecha también se produciría el desalojo y demolición de al menos 46 casas asentadas desde hace al menos 100 años en la ribera del afluente.
Sin especificar orden, los afectados argumentaron que el gobierno es culpable y responsable de los asentamientos irregulares, ya que, en su momento, los permitió además de legitimar sus escrituras y cobrarles predial.
Hay responsables de muertes
En otro orden de ideas, Luis Ernesto Lozada señaló que, aunque, a partir del 4 de marzo, se informó que hay investigaciones por la muerte de 17 pacientes del área Covid-19 en el hospital de zona 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estás pretenden encontrar culpables en la propia dependencia, cuando los verdaderos responsables de la desgracia son la Conagua y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.