Miguel Á. Martínez. Tula de Allende. En conferencia de prensa, los regidores de Tula, Araceli Rivera Díaz, Evangelina López Cornejo y Ricardo Baptista González, dieron a conocer un cúmulo de anomalías financieras del alcalde Manuel Hernández Badillo, y su equipo de trabajo.
Como primer punto se refirieron a las recientes aprobaciones del presupuesto de egresos (PE) para 2023, que destina el 42.55 por ciento al rubro de servicios personales, lo que se traduce en 147 mil 026 pesos, lo que contrasta con el monto asignado a obras, que sólo representa el 14 por ciento.
Los tres ediles externaron la incongruencia del presupuesto autorizado por mayoría apenas el pasado viernes, ya que, aunque de acuerdo con el alcalde Manuel Hernández Badillo, se ha reducido la nómina al menos en 50 espacios, el recurso para salarios ahora incrementa, además de que observaron el exceso de personal que tienen algunas áreas del municipio, sin precisar cuáles.
En el sentido del incremento de personal, Araceli Rivera, reveló que, actualmente se están haciendo modificaciones al Bando de Gobierno, que está en funciones desde 2019, pero sin modificar absolutamente nada de fondo, sino que sólo se están anexando algunos artículos para legitimar que se creen siete secretarías, en donde se contratarán a los titulares y personal que “haga falta” para coordinar las áreas del municipio.
Exhibió que dentro de los ceses que presume el Ejecutivo, están las bajas de más de 10 policías municipales, plazas que no se han cubierto desde 2021, pero cuyos sueldos siguen presupuestándose y por tanto, devengándose, por lo que exigió aclarar el destino de esos recursos, que equivalen a más de un millón 215 mil pesos.
Ricardo Baptista, señaló que también la segunda adecuación de 2022, referente a los 10 millones que se recibieron del estado para obra pública (reparaciones de infraestructura pública posteriores a la inundación, pero que se emplearon para pago de nómina), resulta ilegal, por lo que habrán de impugnar tanto los Egresos como esa modificación anómala.
En su conjunto, los tres asambleístas adelantaron que habrán de iniciar los procesos conducentes para contrarrestar las anomalías financieras cometidas por el presidente municipal y su equipo de trabajo, y confiaron en que, con el nuevo gobierno lo lograrán. Descartaron que sea una cuestión personal.