Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- “Hace dos años, que perdimos todo en la inundación de la segunda y tercera semana de septiembre, estamos en la miseria, cansados, con achaques y enfermos de miedo de que el río Tula se vuelva a desbordar, no nos hemos podido levantar porque no nos dan trabajo”, señaló Elba García López, habitante de la privada Los Nogales, de la comunidad de San Lorenzo.
La mujer, de 65 años, aseveró que durante la anegación su vivienda, muebles y otros artículos valiosos, que eran herencia de tres generaciones, se perdieron irremediablemente. Recordó que la noche del 6 de septiembre de 2021, ella, su esposo, su nieta y su hijo, apenas alcanzaron a salir con vida de su casa, ya cuando las aguas negras y desbordadas del río Tula alcanzaban casi 2 metros.
Estas condiciones las viven muchas otras familias y en el mejor de los casos tuvieron el apoyo de sus familias y quienes perdieron sus negocios no han terminado de reponerse ante la ausencia del respaldo oficial, no obstante que la responsabilidad de la tragedia de hace dos años fue del gobierno federal y en particular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que es quien controla el flujo de agua residual en los emisores central y oriente, señalan otros afectados por el siniestro de 7 de septiembre de 2021.
Con lágrimas en los ojos y con voz entrecortada rememoró que luego vino la tristeza de ver las pérdidas, pero después se tuvieron que sobreponer y limpiar la casa de todo lo que se echó a perder, y aseveró que después de ello sólo quedó el cascarón de inmueble despostillado y vacío, carcomido por la corrosión, y así se mantienen hasta hoy.
La sexagenaria indicó en entrevista que ni ella ni su esposo ya están condiciones de trabajar, por lo que únicamente se mantienen de la pensión que reciben bimestralmente por parte del gobierno federal, pero, de no ser por eso, aseguró, ya se hubieran muerto de hambre, y por si fuera poco, después del desbordamiento del río enfermó y ya no pudo caminar.
Agregó que no hay dinero ni siquiera para resanar y pintar lo carcomido de las paredes, que aún se mantienen húmedas en algún grado después de la sumersión, pues la casa estuvo sumergida durante al menos 8 días en el agua negra.
Finalmente, al igual que la mayor parte de los damnificados, coincidió en que no hubo apoyo del gobierno porque dejaron solos a los afectados, pero se centró en la crítica para el municipio, que no fue capaz de darles ni un vaso con agua y lo único que entregó fueron unos colchones podridos que enfermaron a las personas.
No fueron sólo los colchones que entregó el ayuntamiento, el delegado de Bienestar Abraham Mendoza Zenteno a nombre del gobierno federal sólo les “aventó” 10 mil pesos cuando el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador eran 35 mil “y eso que es originario de Tula, por eso piden se realice un censo para ver las condiciones en que se encuentra la mayoría de los afectados.