Alberto Witvrun .-Cumplidas más de 48 horas de la recuperación por la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (PGJEM) de la planta matriz de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul en
Jasso, Tula de Allende, Hidalgo, ordenada por un juez, los 31 detenidos enfrenta, acusan
exceso y abuso de la autoridades del ministerio público hidalguense, porque aseguran que
29 de ellos ya debería estar libres y sólo dos enfrentar cargos por posesión de arma de
fuego.
De nada les valió hacer acuerdos políticos para hacer ganar a los candidatos de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2024, amenazados con una rebelión
interna por la postulación a presidente municipal de Tula de Allende, que alentó un frente
de fuerzas que utilizaron al Partido del Trabajo (PT) para enfrentar la imposición de quien
hoy es un alcalde descalificado por la población.
Además argumentan que mantenían una posesión “formal, jurídica, pacífica y continúa”
de la planta y que nunca fue exhibido o notificado el mandato judicial y procederán a
interponer un juicio de amparo contra el despojo de sus instalaciones y contra las
autoridades mexiquenses que despojaron de sus derechos a 230 socios cooperativistas.
Así que mientras a los 31 detenidos los acusan de probable participación en la comisión de
hechos constitutivos del delito de resistencia de particulares, pandilla y portación de arma
de fuego cometido en agravio de la seguridad colectiva, cuando sólo a dos les encontraron
pistolas, lo que en su opinión viola el debido proceso y sus derechos, pero priva lo político
sobre lo legal.
Esta medida lejos de resolver la tensión social en Ciudad Cooperativa Cruz Azul la agrava
porque las familias de los detenidos y quien simpatiza con el grupo desalojado, prepara
movilizaciones de protesta y en este proceso pueden salir a relucir los acuerdos políticos
que sólo mencionan, pero no explican lo que puede afectar la imagen de personajes del
gobierno estatal.
Así que lo que parecía resuelto y regresaría parte de la estabilidad social a la región, no es
caso cerrado, porque aún están pendientes catorce ordenes de aprehensión contra
quienes son señalados como cabezas del grupo identificado con Guillermo Álvarez Cuevas
y jefaturado por Federico Sarabia Pozo, ambos ya detenidos, así que a esta tragicomedia
aún le faltan capítulos por ver, porque se politiza la procuración de justicia y faltan todavía
batallas en los tribunales.
