El ayuntamiento de Pachuca clausuró los trabajos del proyecto inmobiliario en el predio donde funcionaron los Talleres de Fundición Maestranza de la Compañía Real del Monte y Pachuca (CRDM) por carecer de licencia de construcción y estar catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como Monumento Histórico, instancia que no ha dado autorización para que sea intervenido.
“Se hace del conocimiento público que al momento de la suspensión de la obra, solo se encontraba una persona en el interior y no realizaba ningún tipo de trabajo”, informó la autoridad municipal capitalina, mediante un comunicado.
Desde el mes pasado, el Comité del Centro Histórico de la capital que preside Bonfilio Mendoza Salazar, denunció en redes sociales que el inmueble estaba siendo modificado; incluso exhibió un proyecto con el que una empresa inmobiliaria privada pretende convertir el predio en un desarrollo inmobiliario con edificios de once pisos y un centro comercial.
El organismo de la sociedad civil consideró que las autoridades deben pugnar por rescatar el espacio como patrimonio industrial de Pachuca, pues representa un eslabón de la identidad minera de la ciudad y puede convertirse en un complejo histórico y cultural de Pachuca.
Señala que la propiedad de 60 mil 13.02 metros cuadrados que ocupan los patios y nave industrial de los talleres fue vendida por el gobierno del estado en 8 millones 737 mil 647 pesos a particulares a través de decreto gubernamental de fecha 5 de mayo de 2003, con lo que se justificó la merma del predio.
Se conoce que este predio fue entregado como de un adeudo de la Real del Monte y Pachuca al Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); después de que mediante estudios determinó que no eran apto para desarrollo habitacional, por la contaminación del suelo con metales como plomo y azufre, por las emisiones de la fundición de piezas y herramientas para la minería.
Luego fue adquirido por el gobierno estatal durante la administración de Manuel Ángel Núñez Soto, que terminó por venderlo a un grupo privado en el que sobresalían Carlos Noriega, ex funcionario de Infonavit y el empresario Moisés Cherem.
Por Oliver García