Arturo G. Alanís / Erick Morales. Zimapán.- Tras detectar autoridades ambientales un derrame de lixiviados de jales, a causa de su acopio inadecuado, en las instalaciones de la compañía minera Sago, Import Export, S. A. de C. V. esta fue clausurada parcial y temporalmente, hasta determinar daños y aplicar sanciones y medidas preventivas para evitar siniestros que puedan afectar acuíferos y mantos friáticos de la zona.
Confirmaron inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) delegación Hidalgo, este fin de semana, tras una supervisión de la dependencia federal, sin registrarse oposición de representantes ni trabajadores de la minera ubicada en las cercanías de la cabecera, en terrenos de la comunidad de Santa María.
El personal de Profepa, ante reportes se dio a la tarea de inspeccionar las instalaciones, identificando riesgos inminentes y potenciales daños ambientales, en el interior y parte del exterior, por la existencia de residuos líquidos de jales, que son desechos de rocas y minerales y materiales peligrosos.
Así que ordenaron inmediata la suspensión de actividades y exigir la implementación de acciones para contener la filtración de minerales lixiviados al subsuelo, retiro de materiales peligrosos y saneamiento del área afectada, incluyendo parte del exterior de las instalaciones.
Ambientalistas y habitantes del municipio reconocieron la intervención de las autoridades federales, porque desde hace tiempo demandaban manejo adecuado de jales o materiales peligrosos de las empresas mineras, para frenar daños tanto a la población como al medio ambiente.
Históricamente, parte de los mantos freáticos están contaminados con residuos minerales altamente peligrosos, principalmente por arsénico, provocando crisis o escasez de agua potable no sólo en la cabecera sino en todo el municipio.
Aunque no se ha informado de afectaciones a acuíferos y mantos friáticos o a la salud de la población, la clausura responde a la necesidad de prevenir daños mayores al medio ambiente. Esta empresa ha sido señalada por malas prácticas ambientales y es propiedad del empresario Julio Sánchez y la ex alcaldesa, Rosalía Gómez Martínez.