Alberto Witvrun.-Mientras se empiezan a escuchar voces que sugieren reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que abran oportunidades a un nuevo sistema de autogobierno que ponga fin a la hegemonía del grupo que se apoderó de ella en 1982, al interior se sigue cumpliendo las órdenes de su indiciado jefe político, paralelamente al discreto pero fuerte forcejeo familiar por asumir las funciones del hermano mayor.
Reformar la ley que rige a la UAEH, es posible porque la fracción universitaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la 64 Legislatura local, está debilitada, pero no basta para terminar con la estructura y el poder que se mostró pleno en el nombramiento de la diputada federal y ex secretaria general del Sindicato de Personal Académico (SPAUAEH) Lidia García Anaya como presidenta del Patronato, orden directa desde el penal del Altiplano.
El Clan Sosa ha operado los últimos dos años, con dos vertientes, al interior de la UAEH Agustín Sosa Castelán en la operación política; mientras Damián Sosa Castelán se mueve en el ámbito partidista, así logró cargos de elección popular en los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) y hoy es candidato en Tulancingo por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Perfiles diferentes, con ventaja de Agustín como secretario general de la UAEH, posición estratégica en la fuente de donde emana el poder acumulado durante cuatro décadas, hoy mermado por el proceso penal al jefe del clan, además Damián puede perder la elección, tanto que está dedicado a dirigir una guerra sucia sin éxito en contra de Jorge Alvarado Márquez su principal adversario y sus apariciones públicas son pocas, por temor a los cuestionamientos.
Todo en medio de incertidumbre en el clan, por temor a más detenciones, que se reflejan en las solicitudes de amparo, más cuando el flanco que cuidaban era el bloqueo de los 151 millones de dólares y los sorprendió que la acción penal viniera por la friolera de 58 millones de pesos operados en las empresas de Gerardo S. C., así que el siguiente golpe legal de la Fiscalía General de la República (FGR) puede atacar sus múltiples flancos:
La Voz del Aire, propietaria del periódico El Independiente; Uni Comercializadora, Fundación Hidalguense y la operación para allegarse junto al ex rector Humberto Veras 50 hectáreas en la zona vitivinícola en Baja California, por lo pronto las órdenes del jefe, se siguen cumpliendo, por eso los cambios en la institución y en el clan tienen que esperar para no dar pretexto a un intento de desestabilización social desde la autónoma.