Juan Manuel Pérez.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) se encuentra en el desarrollo de estándares de competencia en materia de derechos humanos, como una herramienta clave para profesionalizar la función pública y asegurar que el actuar institucional en los organismos defensores se rija por los principios de dignidad, legalidad, igualdad y no discriminación.
Durante la Primera Sesión del Comité de Gestión por Competencias para el Fortalecimiento de los Organismos Autónomos y Profesionales enfocados en materia de Derechos Humanos, convocado por Ana Parra en su calidad de presidenta de dicho comité, expresó que esta iniciativa avalada por Comité de Gestión por Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) representa a nivel nacional un paso firme en el fortalecimiento del sistema no jurisdiccional y la posibilidad de brindar un mejor servicio.
Asimismo, participa el Centro de Investigación y Desarrollo de la Formación para el Trabajo (CIDFORT), la Universidad Digital del Estado de Hidalgo y siete Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Yucatán, Tlaxcala, Guerrero, Nuevo León, Nayarit, Jalisco e Hidalgo.
En su intervención, Ángel Nicolás Martínez Gaenza, gestor académico del CIDFORT, mencionó que con los estándares de competencia se pretende evitar que cada persona realice capacitaciones con un enfoque particular y no de manera institucional y profesional, que es lo que se busca.
En este sentido, también destacó la importancia de que se cuente con el respaldo de la Universidad Digital de Hidalgo, “imaginen el impacto que tendría en las personas que se formen en derechos humanos, recibir un diploma que demuestre su formación académica. Además, contar con un certificado de competencia laboral; eso será doblemente gratificante y motivante para quienes laboran en las comisiones de derechos humanos y tendrá impacto en la vida de las personas y de las personas víctimas de violaciones a sus derechos”.
Los estándares proyectados buscan homologar conocimientos y habilidades de las personas servidoras públicas, incorporando un enfoque preventivo, de respeto a los derechos humanos y de atención a grupos de atención prioritaria, fortaleciendo así el Sistema No Jurisdiccional en México.