Buscan diputados garantizar suministro de agua potable 

Itzell Molina.- El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa que reforma la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, con la finalidad de proteger el servicio y distribución de agua realizada por el Estado en materia del uso indebido de agua a través de tomas clandestinas, a fin de endurecer las sanciones correspondientes.

Por lo anterior, el diputado local, Juan de Dios Pontigo Loyola, destacó que es relevante la integración de las consideraciones en torno al incremento del uso indebido y clandestino del agua en el marco normativo vigente de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo.

Lo anterior a fin de que se establezcan los elementos necesarios para su reconocimiento, atención e incremento de sanciones respecto de la protección de uso y disfrute del agua, estableciendo las pautas legales para que en conjunto los tres órdenes de gobierno puedan generar la acciones, estrategias, proyectos y políticas en favor de la población, pero también en favor del uso sustentable y sostenible del recurso hídrico.

Por su parte, su compañera, Citlalli Jaramillo, informó que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) ha reportado un registro de 280 mil tomas, de igual manera estima que la cifra de tomas clandestinas que se conectada a su red de agua potable supera ya las 40 mil.

“Lo cual en buena medida contribuye a que en la zona metropolitana de la capital se agudice y se encarezca en mayor medida el brindar el servicio a la población”, explicó.

Destacó que la reforma propone que las personas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicio públicos y además, se harán acreedores a las sanciones administrativas que se señalan en esta Ley y en su caso, a las sanciones penales relativas. “Detectado un servicio clandestino, el prestador del servicio correspondiente procederá de inmediato a suspender el servicio desde la red de distribución y a notificar al propietario o poseedor del inmueble respecto de los requisitos que debe cumplir, así como la multa correspondiente, independientemente de la denuncia penal por el delito de robo de fluidos y los que le resulten”, finalizó.