Laura Elizabeth Trejo.- Durante la sesión ordinaria 142, el Legislativo local aprobó una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de Ley para la Protección al Ambiente de Hidalgo, que apuesta por una mejor regulación del funcionamiento de los centros de verificación vehicular y evitar las prácticas monopólicas en estos establecimientos.
El dictamen correspondiente fue leído por el legislador Luis Ángel Tenorio Cruz, quien destacó que mediante este ordenamiento sólo se permitirá el otorgamiento de hasta un máximo de tres títulos de concesiones administrativas a una persona física o moral del sector privado, combatiendo así los monopolios.
También se otorga una vigencia de cinco años a las concesiones con posibilidad de prórroga por un periodo igual, contados a partir de su fecha de otorgamiento. Los interesados deberán presentarse con 30 días de anticipación.
Además, se brinda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) la facultad para realizar la medición e inspección de las emisiones contaminantes provenientes de vehículos automotores en circulación a través de los centros de verificación. “Lo cual podrá realizar por sí misma o por medio de una persona concesionaria, atendiendo las necesidades públicas”, indicó.
Esta misma dependencia tendrá a su cargo la autorización de las concesiones administrativas a particulares, de acuerdo con la iniciativa aprobada este miércoles 21 de junio.
“Con este dictamen aprobado se alcanzarán medidas y acciones administrativas necesarias para que la prestación del servicio de verificación vehicular en Hidalgo se realice más estricto y genere en las personas usuarias confianza, seguridad y certeza”, recalcó.
Además, se prevén sanciones severas como la revocación de la concesión y el rescate administrativo de los bienes muebles, cuando la persona concesionaria afecte la prestación del servicio en detrimento del bienestar ambiental.
El documento que tiene el objetivo de garantizar un medio ambiente sano fue una propuesta enviada por el gobierno estatal, que finalmente fue aprobada con 18 votos por el Congreso local.