José Antonio Alcaraz.- Diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron, con 26 votos, dos reformas enviadas por el gobernador Julio Menchaca Salazar en la cual se expide la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo y se eleva a la constitución el derecho humano a una buena administración pública.
Durante los trabajos de la sesión ordinaria de este miércoles, inicialmente se sometió a consideración la expedición de la nueva Ley que regirá el quehacer gubernamental en el estado, por lo que algunas secretarías cambiarán de nombre.
Las secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Obras Públicas y Ordenamiento Territorial ahora llevarán el nombre de Hacienda, Bienestar e Inclusión Social, y de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible.
Las secretarías que permanecen con su denominación original son la de Gobierno, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Turismo, Contraloría, Educación Pública, de Salud, Seguridad Pública, del Trabajo y Previsión Social, Movilidad y Transporte y la de Cultura.
Dentro del decreto, el gobernador de Hidalgo contará con el apoyo las secretarías de gabinete antes citadas, así como la nueva Secretaría del Despacho de la Persona Titular del Poder Ejecutivo, Oficialía Mayor, la Unidad de Planeación y Prospectiva.
Esta última dependencia (Unidad de Planeación y Prospectiva), en la propuesta inicial llevaría el nombre de Secretaría del Despacho y la Unidad de Estratégica; sin embargo, se dejó con el mismo nombre.
De acuerdo con los artículos transitorios del decreto, se establece un plazo no mayor de 120 días naturales, una vez que entre en vigor el decreto, para que se emitan los reglamentos interiores, estatutos orgánicos y manuales.
En ese sentido, el personal, los recursos y bienes de las secretarías extintas pasarán a las nuevas. También, en el artículo octavo transitorio se establece que, a más tardar el 5 de septiembre de 2027, se deberá crear un organismo encargado de llevar a cabo la ejecución de los recursos y adjudicaciones, contratos en materia de compra y obra pública del gobierno de Hidalgo.
En un segundo dictamen, se avaló una serie de reformas y adiciones al artículo 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para establecer el derecho de toda persona a una buena administración pública y a sus derechos derivados.
Con ello, los ciudadanos recibirán un trato imparcial, objetivo y justo en el despacho de sus asuntos de carácter público, los cuales deberán ser resueltos oportunamente. Es por ello que todas las actividades gubernamentales se deberán realizar conforme a los siguientes principios: eficacia, eficiencia, honestidad, honradez, austeridad, racionalidad, ética, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, inclusión, igualdad y equidad.