Aprueban iniciativa para combatir la corrupción 

Itzell Molina.- Con 24 votos a favor, el Pleno del Congreso estatal aprobó el dictamen de la iniciativa promovida por la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la cual se incorpora el derecho a la ciudad, con el objetivo de generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de combatir la corrupción y contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos.   

Dicha iniciativa fue planteada por la diputada local, Lisset Marcelino Tovar, quien indicó que el derecho a la ciudad es producto de un esfuerzo colectivo mundial, en el que se plantean nuevos paradigmas y marcos de pensamiento para replantear a las ciudades y en general a los asentamientos humanos “partiendo de los principios de justicia social, igualdad, democracia y sostenibilidad”.

Asimismo, señaló prevé el cumplimiento efectivo de todos los derechos humanos pactados internacionalmente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abordando a la vez una dimensión de los problemas urbanos que las normas sobre derechos humanos clásicas no tratan: la exclusión espacial, sus causas y consecuencias.

Comentó que la principal implicación de este enfoque es que el derecho a la ciudad es indivisible, lo que significa que su plena y efectiva materialización requiere el respeto, la protección y el cumplimiento de todos los derechos humanos sin excepción, junto con los principios y derechos concretos que emanan de manera específica del derecho a la ciudad.

La morenista, añadió que el derecho a la ciudad puede ser considerado como un elemento de buena administración pública, ya que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el parámetro de control de regularidad constitucional y por medio de éste se incorporan derechos humanos no reconocidos en aquélla, como es el caso del derecho humano a una buena administración pública.

Destacó que el derecho fundamental a la buena administración pública impone a los servidores públicos, una serie de principios y deberes que están obligados a aplicar, como generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de combatir la corrupción y contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos.  

Finalmente, reiteró que con la aprobación de la iniciativa descrita anteriormente, el Congreso de Hidalgo, busca actualizar la Constitución Política del Estado de Hidalgo, y con ello, ofrecer un marco normativo acorde y que garantice el Derecho a la Ciudad.