Miguel Á. Martínez. Tlaxcoapan. A pesar de estar fuera de tiempo y por tanto ser ilegal, de acuerdo con la regidora Bessie Cerón Tovar, por mayoría calificada, integrantes del ayuntamiento de Tlaxcoapan, aprobaron la adecuación final de los gastos de la administración de Jaime Pérez Suárez correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
Antes de la anuencia, la edila que llegó al cargo de manera independiente, intentó concientizar a sus compañeros de que no avalaran una ilegalidad, la cual, dijo, personalmente ya había denunciado ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y la Contraloría interna.
Explicó al pleno de la Asamblea que el artículo 95 quinques en su fracción novena estipula que las modificaciones presupuestales únicamente deben realizarse en el ejercicio fiscal de su vigencia, cosa que no ocurrió, puesto que se estaba tratando de pasar la adecuación hasta 9 meses y medio después de que bebería haberse hecho el procedimiento.
Igualmente denunció que, durante el ejercicio fiscal pasado, exhortó al área de tesorería y al alcalde Jaime Pérez Suárez, a que le detallarán los montos de las partidas presupuestales que se gastaron de más, sin obtener respuesta a ninguna de sus solicitudes, lo que conlleva una omisión del Ejecutivo.
Asimismo, agregó que no se podía avalar una erogación que, al momento de que se buscaba su aprobación ya se había gastado, porque eso implicaba una posible desviación de recursos públicos.
Sin que se diera la cifra final que se gastó en el presupuesto 2021, observó que son 12 millones de pesos los que se querían aprobar en el procedimiento ilegal.
En este punto el presidente municipal replicó que la asambleísta ha acusado en medios de comunicación que esos 12 millones están desaparecidos “y que casi, casi se los robó el mandatario”, pero sostuvo que todo el presupuesto ejercido está plenamente justificado y comprobable.
La adecuación finalmente se aprobó con nueve votos a favor, uno en contra de Cerón Tovar y la abstención de Patricia Hernández García, suplente del regidor Miguel Ángel López Hernández, quien fue temporalmente inhabilitado por la contraloría interna por omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta, durante los últimos cuatro meses de su segundo periodo de gobierno (2012 – 2016).