Manuel Castellanos / Juan Manuel Pérez.- Mediante treinta y cuatro operativos realizados durante marzo la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), a través de su organismo sectorizado Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), aplicó 259 infracciones y remitieron a depósitos vehiculares a 47 unidades, confirmó la dependencia.
Lo que es calificado por concesionarios y operadores como una política persecutoria y recaudatoria en contra del transporte del servicio público de pasajeros que consideran “muy elevadas” las multas, además de que el personal de la dependencia actúa de manera prepotente y autoritaria.
Indicaron un grupo de concesionarios y operadores que no fueron recibidos en la Semot, que lejos de alcanzar acuerdos para mejorar el servicio en beneficio de los usuarios el director de STCH Elías Miguel Fernández Chequer, del que acusan tiene antecedentes de corrupción en Puebla desde su nombramiento “parece enemigo de los transportistas” y no se puede sostener un dialogo con él.
Mientras tanto en un comunicado se confirmaron las 259 infracciones y la remisión de las 47 unidades a corralones como parte de los operativos permanentes, atendiendo las quejas de la ciudadanía recibidas a través de los canales oficiales y en redes sociales.
Destacan los operativos en Pachuca, Tizayuca, Tulancingo, Tepeji del Río, Tetepango, Tepeapulco, Atotonilco de Tula, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez, Zempoala, San Salvador, Francisco I. Madero y Huejutla de Reyes.
La Semot reiteró que las quejas respecto al servicio de transporte público se deben efectuar a través de los canales oficiales; en el caso del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo, a los teléfonos 800 503 2002 y 771 526 1284. Para el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Tuzobús), está a disposición el teléfono 800 890 6809.
Los afectados señalan que las autoridades aplican sistemáticamente los operativos como medida recaudatoria, porque en muchos casos no amerita la infracción y si la unidad no cumple con los requisitos le pueden dar un plazo mínimo para ello y sobre las quejas estiman que muchas no están justificadas y es probable que solo sean un pretexto para justificar su política persecutoria.