José Antonio Alcaraz.- Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), demandará por daño moral a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, y a su abogado, Javier Coello Trejo.
Así lo hizo saber el encargado de la Procuraduría General de Justicia (PGJH) de Hidalgo, luego que el ex gobernador tamaulipeco lo demandó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta conspiración y persecución política cuando era titular de la UIF.
“Lo voy a demandar por daño moral”, respondió Santiago Nieto luego de acudir este martes al Congreso de Hidalgo a presentar una reforma al Código Penal del Estado de Hidalgo para endurecer la “violencia ácida”.
En su momento, cuando Santiago Nieto era encargado de la UIF junto con el entonces senador Américo Villarreal (actual gobernador de Tamaulipas), acusaron a García Cabeza de Vaca de participar en un esquema de lavado de dinero y supuesta desviación de recursos públicos de ese estado del país.
Sin hacer mayor comentario, Nieto Castillo se fue en su camioneta justificando que “voy retrasado a otro evento”. No obstante, en medios nacionales declaró que ve en la denuncia presentada en su contra por el exgobernador de Tamaulipas una estrategia política de cara a las elecciones presidenciales del 2024.
“Señala que hay una confabulación, me parece ridículo, no aporta una sola prueba. No es la primera vez que ellos presentan una denuncia en mi contra, lo hizo en su momento este abogado cuando llevaba el caso de Emilio Lozoya; a mí me queda claro que es una estratega política de cara al 2024, pero creo que los resultados en Tamaulipas son clarísimos, el repudio que hay contra su persona es muy grande”, acotó.
En su cuenta de Twitter, Santiago Nieto dijo que el actual gobierno de Tamaulipas, encabezado por el morenista Américo Villarreal, ha presentado 42 denuncias por desvíos de 500 millones de pesos durante la administración de Francisco «N».
“Resulta una falacia y una afrenta contra el marco jurídico el que por aspiraciones políticas y fuera de cualquier circunstancia lógica se quiera personalizar un caso que es competencia plena del aparato de justicia del estado mexicano”, finalizó.