Por Rogelio Hernández López
Abracemos a cinco colegas que lograron mantenerse con vida en menos de un mes, pero que fueron
sumergidos en la atmósfera de miedo que asedia al ejercicio del periodismo en México:
Ciro Gómez Leyva se salvó por una camioneta blindada el 15 de diciembre en la Ciudad de México;
Flavio Reyes de Dios, fue embestido intencionalmente por una camioneta el mismo día en Palenque
Chiapas;
Romana Ortega sufrió intento de secuestro el 21 de diciembre en El Nanchital, Veracruz;
Jesús Pintor estuvo secuestrado durante 19 días en Guerrero, desde el 25 de diciembre, con otros dos
comunicadores;
Alberto Escorcia, el 11 de enero, desde Suecia solicitó solidaridad para sobrevivir en su cuarto exilio por
amenazas.
Y esos son los casos que se hicieron públicos, la mayoría tímidamente, sin espectacularidad. De todos
ellos tuvo conocimiento el Mecanismo federal de protección y le siguieron aumentando los apremios.
En esta atmósfera de miedo, que se desató desde 1991, demasiados colegas han preferido callar ante
amenazas o atentados y muchos retirarse.
La violencia, la impunidad y los malandros desalmados han aumentado durante tres décadas, pero en los
últimos años parecen cebarse cada vez más contra periodistas y comunicadores.
Y muy pocos políticos –y menos ciudadanos—aceptan, en la práctica, que esta es una actividad de interés
público porque cada que inhiben o acallan a cualquier periodista se rebaja o se anula el derecho ciudadano
a saber.
¿Qué falta?
El Mecanismo federal de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas
cumplirá 11 años en este 2023. Pero su concepción original de tipo cautelar, sus limitantes legales y de
otros tipos le han impedido frenar este ciclo aciago contra las personas que realizan estas actividades.
Falta ampliar la mirada, salir de la protección cautelar y perfilar una estrategia de Estado que involucre a
todas las instancias de los tres poderes federales; a los gobiernos de las entidades federativas; a las
empresas de medios de comunicación privadas y públicas; a las instituciones educativas y a quienes
ejercen el periodismo profesionalmente y que actúen coordinadamente.
Y hay, al menos un intento de perfilar una estrategia de ese tipo. En este año se cumplirán 6 años de una
singular alianza que hicieron dos instituciones, entonces de las más acreditadas socialmente, para entender
el fenómeno con propuestas muy específicas que no han sido atendidas.
En 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió la colaboración del Programa
Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para solicitar a
expertos análisis y alternativas acerca de la protección a los periodistas en México.
Raúl Trejo Delarbre y Janneth Trejo-Quintana lograron conjuntar en un libro las aportaciones de Celia del
Palacio Montiel, Sara Lovera López, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Giovanna Salazar Ojeda, Itzel
Lugo Sánchez y Rogelio Hernández López.
Este reportero entregó un amplio ensayo sobre la evolución del ya largo y cruento ciclo e incluyó una
compilación de las demandas y propuestas de colegas para el diseño de programas de Estado para la
protección integral de periodistas. Seguiremos insistiendo en que un mecanismo de protección como el
federal es absolutamente insuficiente.
Lo siguiente fue publicado en septiembre de 2018:
Ampliar la mirada. Se insiste en cambiar la forma de entender y abordar el tema de agravios al
periodista más allá del ámbito policiaco y de justicia, para ampliar la mirada a los factores estructurales
que han prohijado grandes vulnerabilidades a los periodistas, perfilar una respuesta integral con el
objeto de allegarles fortalezas sociales, gremiales, derechos profesionales y otras para que dejen de ser
sujetos de atención para la justicia y seguridad y puedan convertirse en actores de su propia defensa y
desarrollo.
La hipótesis central es que los periodistas mexicanos, en su mayoría, son el sujeto social más vulnerable
del sistema de información de prensa, especialmente las mujeres. Dos elementos para ampliar la mirada:
UNO. Los agravios contra periodistas se facilitan por al menos seis vulnerabilidades que padecen. Su
identificación permite inducir que deben promoverse en forma simultánea y combinada varios programas
e instrumentos para su protección integral y no sólo la cautelar;
DOS. Debe sustituirse el enfoque que coloca a las y los periodistas agraviados como objetos de ayuda
ante agresiones, por otro que los conciba como sujetos de acción, como actores activos que desatan
iniciativas, propuestas y actúan con determinación, una vez que conocen más claroscuros de su profesión,
opciones de mejoría y que perciben apoyo sin condicionantes.
Lo estructural. El escenario general en que se ejerce el periodismo en México tiene aspectos
estructurales muy negativos para el derecho a la información y las libertades de expresión y de prensa.
Una de sus consecuencias ha sido el desarrollo de vulnerabilidades de amplios sectores de medios de
prensa y de la mayoría de los periodistas. (…) siguen predominando la mayoría de factores estructurales
negativos:
• Fortaleza del modelo que propicia la concentración de la propiedad de los medios de comunicación
masiva, y con ello del gasto publicitario y de la información;
• Pocos y dispersos cambios en el anacrónico régimen legal en la industria de medios de comunicación;
• Gasto publicitario del sector público arbitrario y sin transparencia;
• Inhibición de fuentes informativas alternas;
• Deficiente acceso a la información de prensa de amplios sectores sociales;
• Insuficiente operación de los instrumentos de acceso a la información generada;
• Insuficiencia de recursos legales para que ciudadanos se hagan escuchar, para replicar o para proteger
su derecho a la vida íntima.
• Los medios de prensa predominantes son empresas que convierten en mercancía la noticia y obstruyen
la información que no cumpla con el criterio mercantil.
• Los gobernantes de todos los partidos y niveles dan preferencia informativa a los grandes medios
industriales y discriminan a cientos de medios y periodistas que ofrecen líneas informativas diferentes y
aportan pluralidad de visiones.
• Los medios y periodistas en los estados están en zozobra constante por la presión política sin control y
por el arbitrario manejo del gasto en publicidad, que crónicamente los ubica en los niveles más bajos de
las listas de anunciantes.
• Las y los periodistas de localidades pequeñas y medianas laboran como corresponsales o FreeLancer,
en su gran mayoría sin contratos de trabajo, ni prestaciones, ni seguros de vida y con pagos, que van
desde 150 a 400 pesos por trabajo, condicionados a que sus obras sean divulgadas.
Es estructural el maltrato profesional. • A la fecha, la concepción que subyace a la protección de la
libertad de expresión y prensa es restrictiva, pues no atiende a los derechos de vivienda, salud y empleo
de los periodistas desplazados, aumentando su vulnerabilidad y alejándolos del ejercicio de su profesión.
• Condiciones laborales precarias y falta de apoyo del propio gremio, así como de los medios de
comunicación en los que colaboran los periodistas, contribuyen a su vulnerabilidad.
En el fondo de todos estos factores se deriva a la conclusión de que este modelo mercantil ha creado
muchos obstáculos para el desarrollo de medios pequeños y medianos en las localidades y que, más
acentuadamente, fue haciendo vulnerables a sus trabajadores y a los periodistas creando una amplia
capa de subempleados que se llaman a sí mismos independientes o free lance.
Las seis vulnerabilidades. En resumen apretado de estas seis vulnerabilidades generales es el siguiente:
- Ante sí mismos, por debilidad profesional debido a deficiente formación académica y deontológica;
- Ante el régimen legal, por inexistencia, insuficiencia de leyes o penalización injusta;
- Ante empleadores por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no protegen ante
agravios, ni facilitan capacitación permanente; - Ante omisiones y malas prácticas de gobiernos, ministerios públicos, jueces y tribunales;
- Ante agresiones, acentuadamente en algunos estados de la federación, y contra medios medianos y
pequeños y reporteros con debilidades profesionales extremas. (Estos últimos son los más victimados por
fuerzas de seguridad y funcionarios, causantes del mayor porcentajes de agravios) de particulares y
grupos de la delincuencia organizada…. - Por debilidad gremial, debido al exceso de organismos no unitarios ni defensores de la
profesionalización.
Un Plan integral. Para configurar un plan nacional de protección integral se proponen cuatro
programas de aplicación nacional: - Contra la vulnerabilidad profesional y social;
- Contra la vulnerabilidad por agravios;
- Contra la vulnerabilidad por el régimen legal;
- Contra la vulnerabilidad organizativa profesional.
Esos programas necesarios se explican detalladamente en el libro referido y darían base para una
estrategia de Estado que involucre coordinadamente a todas las instancias de los tres poderes y los
gobiernos de las entidades federativas, a los empresas de medios de comunicación privadas y públicas, a
las instituciones educativas y a quienes ejercen el periodismo profesionalmente. El Mecanismo de
Protección sería el coordinador nacional y dejaría de ser el único instrumento con capacidad real.
Ese y otras propuestas se pueden leer en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/Estudio-
PeriodistasRE-2018.pdf
Lo que sufrieron y acontece a nuestros colegas Ciro, Flavio, Romana, Jesús y Alberto no ocurriría si
quienes ejercen el periodismo fuesen considerados como sujetos que realizan una actividad del más alto
interés público, tuviesen menos vulnerabilidades y más respeto de los políticos y de la sociedad. Mirada
de reportero. ([email protected])