Por Rogelio Hernández López
Entre periodistas mexicanos crece cada día la sensación de frustración e impotencia tras cada agravio
o asesinato, sobre todo contra colegas en los estados, que son los más castigados. Y nosotros, como
periodistas, sí podemos aportar otras vías para ir frenando lo violento de este ciclo. Pero la maduración
de estas vías requiere del apoyo social y gubernamental– insistí a dos funcionarios del gobierno federal
que preparan la propuesta de una nueva ley de protección. Escucharon con interés el resumen.
El punto de partida es que las y los periodistas debemos aceptar que, entre nuestras muchas
vulnerabilidades, la mayor es contar con muy poca simpatía de la gente común, tener un débil
reconocimiento de la sociedad a nuestra función, que por esencia es de interés público. Un reflejo de ello
es nuestra soledad cuando unos pocos salimos a protestar en cada asesinato de colegas.
Por eso las y los periodistas, preocupados por nuestra seguridad y nuestra profesión, tenemos que
conseguir que muchas más personas sientan cercanía y confianza con quienes son profesionales de la
información. De los modos para lograrlo hay ejemplos prácticos en casi todos los estados:
Para la cercanía hay colegas que logran públicos nuevos y amplios al hacer periodismo hiperlocal, con
los asuntos que interesan directamente a la gente porque son de su entorno cercano e intereses directos.
Esto lo que hacen muy poco los grandes medios.
Para elevar la confianza, la otra vía es consolidar legal y económicamente a cientos, quizá miles de
empresas pequeñas de servicios informativos dándoles un carácter no lucrativo y que acepten normarse
con códigos de ética supervisados.
Los más sufrientes
Si alguien dudará de los flagelos que padecen colegas periodistas de los estados, ahora se pueden ver
noticias casi diariamente:
El 26 de septiembre se reportó oficialmente como desaparecido, desde seis días antes, al periodista
Roberto Carlos Flores Mendoza, autor y director de un sitio informativo digital en Comitán de
Domínguez, Chiapas.
Ya son pocos los organismos que monitorean las agresiones contra periodistas. Una de las que tiene
presupuesto y personal para hacerlo es Artículo 19 y asegura que tan solo en el primer semestre de 2022
registró 331 agresiones contra personas y medios de comunicación.
El diario digital Sin embargo tiene en sus páginas el entristecedor recuento de los 15 periodistas
asesinados en México tan solo en 2022:
José Luis Gamboa Arenas, el 10 de enero, en el Puerto de Veracruz;
Margarito Martínez Esquivel, el 17 de enero, en Tijuana, BC;
Lourdes Maldonado López, el 23 de enero, en Tijuana, BC;
Roberto Toledo, el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán;
Heber Fernando López Vásquez, el 10 de febrero, en Salina Cruz, Oaxaca;
Jorge Luis Camero Zazueta, el 24 de febrero, en Empalme, Sonora;
Juan Carlos Muñiz Hernández, el 4 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas;
Armando Linares López, el 16 de marzo, en Zitácuaro, Michoacán;
Luis Enrique Ramírez Ramos, en Culiacán, Sinaloa, el 5 de mayo;
Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, en Cosoleacaque, Veracruz, el 9 de mayo;
Antonio de la Cruz, el 29 de junio, en Ciudad Victoria, Tamaulipas,;
Ernesto Méndez Pérez, el 3 de agosto, en San Luis de la Paz, Guanajuato;
Juan Arjón López, el 16 de agosto, en San Luis Río Colorado, Sonora;
Fredy Román Román, el 22 de agosto, en Chilpancingo, Guerrero,.
En el recuento desde diciembre de 2018 a la fecha (casi cuatro años) se reconoce oficialmente que ya son
63 las personas vinculadas con el periodismo, especialmente reporteros de los estados que han sido
asesinadas en ese lapso.
Más de la mitad de las agresiones y asesinatos sucedieron en 8 entidades de la federación: Veracruz (22
asesinatos); Guerrero (16 casos); Oaxaca (16 casos); Tamaulipas (16 casos); Chihuahua (14 casos).
También acumulan la mayor cantidad de agresiones el Estado de México, Michoacán y Sonora.
Y los perfiles de los agredidos y asesinados son similares: frágiles profesionalmente, en localidades
medianas o pequeñas y en medios marginales. Así se verifica en cada queja o solicitud de protección.
El caso más reciente que comprueba este perfil es de Enrique Pastor Cruz Carranza, que el 28 de
septiembre pidió ayuda al presidente. El periodista dijo allí que representa al Club de Periodistas de
México (que no es un medio sino un frente gremial con débil estructura y deficiente vida orgánica) y que
trabaja en la estación Radio Delfín de Ciudad del Carmen en Campeche, estación con poca audiencia.
Pidió que en la evaluación de riesgos que le harían al día siguiente, para mantenerle o no la protección del
mecanismo federal no la hicieran “burocráticamente”. Porque “nosotros, en los estados ponemos los
muertos”.
El menoscabo social
Ante asesinatos de periodistas hay sociedades que protestan masivamente. En Paris Francia, el 7 de enero
de 2015 el semanario satírico Charlie Hebdo sufrió un tiroteo por dos hombres enmascarados
pertenecientes a Al-Qaeda. Y desde ese mismo día y hasta el 11 de enero se manifestaron no menos de 2
millones de personas en Paris. Diversas fuentes informan que fueron 3 millones 700 mil 000 personas en
las manifestaciones celebradas en toda Francia, con el lema: “Je suis Charlie” (Yo soy Charlie).
En México de los 63 crímenes ocurridos desde diciembre de 2018, han sido contadas las manifestaciones
de protesta, pero en casi todas con puros periodistas. En 3 o 4 casos han sido marchas un tanto más
cuantiosas o paradas tipo mitin en varios estados. Y solo con periodistas. La sociedad no participa en la
inconformidad, ni siquiera las organizaciones urbanas, campesinas o de derechos humanos más activas.
Una explicación de ello la ofreció en un seminario internacional de derecho penal, el 22 de septiembre, el
reportero y especialista en ética periodística Gerardo Albarrán de Alba:
“El distanciamiento de la sociedad mexicana con los periodistas tiene que ver con el origen corrupto de los
medios industriales (1919). Aquí no ha habido una prensa dedicada a la sociedad. Lo que hemos tenido es
un sistema de medios cómplice, servil con los gobiernos… Lo que no existe aquí son las condiciones para
que se desarrolle una prensa al servicio de la sociedad… Históricamente los dueños de los medios se han
acomodado al servicio del poder político que les conviene… Ahora tenemos que la inmensa mayoría de
medios impresos, estaciones de radio y canales de televisión que se sienten afectados no hacen periodismo
sino abierta oposición a un gobierno con el que no están de acuerdo, y tienen todo el derecho del mundo
para discrepar, pero no cumplen con su obligación de informar, sino que hacen propaganda… También
por eso, en contraparte, ha proliferado cualquier cantidad de medios de periodistas hartos de este sistema
histórico.
Al respecto, hay muchos casos de agrupamientos o pequeñas empresas de periodistas profesionales en
estados de la república, que se han desarrollado con periodismo hiperlocal y conseguido audiencias
suficientes y distintas de quienes siguen a los llamados youtuberos o “comunicadores” de redes sociales.
Por conocimiento directo se pueden citar los casos de los colegas del grupo Vía Libre (Hidalgo), La Lupa
(Querétaro), Chiapas Paralelo, Billie Parker Noticias (Veracruz), La Plaza (Guerrero), Red Acción
(Ecatepec), La Calle (Toluca), Tucán (Oaxaca) Entre todos, expresión universitaria (Coahuila), Nayarit en
Línea y otros.
Por conocimiento directo en la mayoría de las entidades del país se puede calcular que desde 2005 ha ido
creciendo el número de medios de este tipo, la mayoría digitales. Para 2022 el total podría rebasar los 4
mil medios informativos con uno, dos y hasta 20 periodistas. Las mayoría trabaja en la precariedad y
pocos alcanzan a competir con los medios grandes y consolidados, sobre todo los que pertenecen a
corporativos.
No basta con una nueva ley
La violencia contra periodistas no se ha podido frenar con los dos instrumentos que se han creado en el
gobierno federal: el mecanismo de protección y la fiscalía especial. En los estados, donde se registran la
mayor parte de actos negativos solo existen 14 tienen leyes relativas, pero solo operan tres medianamente.
Una nueva ley de alcance general que los obligue sería útil pero insuficiente para allegar fortalezas a
periodistas vulnerables. Por eso se insiste en otro andamiaje jurídico y políticas públicas, sobre todo
preventivas.
Esta otra vía se puede desarrollar con las y los periodistas –dijimos a los funcionarios de la Secretaría de
Gobernación—. Se requieren otras reformas y políticas públicas para institucionalizar la figura legal de
“medios informativos pequeños no lucrativos de interés público”, que se comprometan a tener una línea
editorial de cercanía con la gente (hay bastantes ya activos e influyentes en su entorno), empresas que se
obliguen a reinvertir las ganancias en capacitación continua y mejorar equipamiento, que elaboren
voluntariamente códigos de ética supervisados por universidades o grupos de pares electos para ese fin.
Con el concurso de periodistas sí se puede desarrollar esta vía complementaria de protección para
disminuir las vulnerabilidades de miles de colegas en los estados, acortar la distancia de la sociedad con la
prensa y periodistas, enfrentar el subempleo y precariedad de los miles que trabajan por su cuenta (El
INEGI informó que son más de 7 mil) institucionalizar a un nuevo actor en el mercado de la información y
la publicidad para restar la preponderancia de los corporativos y, sobre todo para la democratización
auténtica de la información. Mirada de reportero.