Alberto Witvrun.- La secretaría de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, el secretario de Obras Pública José
Ventura Meneses Arrieta y el subsecretario de Administración de Salud Ignacio Valdez
Benítez del gobierno que recién concluyó se encuentran en la mira de la Contraloría y de
la versión local de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que está contemplada en el
proyecto de ley de la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH) pero que ya opera.
Blancas Hidalgo se conoce radicará en Canadá, pero antes deberá enfrentar procesos
administrativos por la pérdida de 807 millones 128 mil 783 pesos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) invertido en el banco Accendo declarado
en quiebra a donde también fueron a parar 57 millones de la Secretaría de Salud por lo
cual Valdez Benítez tendrá que rendir cuentas.
De Meneses Arrieta quien lo ubicó en el ojo del huracán fueron las denuncias de
empresarios de la construcción sobre obras no pagadas y sus oscuras relaciones con varias
firmas a quienes les fueron asignadas millonarias obras que aseguran de ser investigadas
son de prestanombres a lo que se debe un enriquecimiento inexplicable del originario de
Zempoala.
Son los casos significativos sin que sea como sostiene el gobernador Julio Menchaca una
cacería de brujas, pero sí el compromiso de aclarar que sucedió con los recursos perdidos
en Accendo, sin que pierda atención la interrogante de porque se cancelaron once
frecuencias del sistema de radio y los presuntos desvíos en la Policía Industrial Bancaria de
Hidalgo (PIBH).
La aclaración de estos casos que no necesariamente tienen que terminar con denuncias
penales, pero incrementaría la confianza ciudadana en el gobierno, más allá del bono
democrático que le dieron los 643 mil votos en las urnas, necesarios para un buen inicio
de la transición y la alternancia.
